El martes 7 de julio del presente año, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados, deberá votar la moción de censura presentada por los diputados de la UDI, Osvaldo Urrutia y Álvaro Carter, en contra del Presidente de la Comisión, el diputado Jorge Brito (RD), en un intento de acallar a una de las voces más críticas del proyecto de modernización del sistema de inteligencia presentado por el gobierno. El diputado Brito es quien ha desnudado los serios peligros para la democracia si el proyecto se aprueba como está, y por lo mismo ha encabezado iniciativas- hasta ahora sin respuestas del ejecutivo- para que se retiren las sucesivas urgencias, con el objetivo de legislar con prudencia y responsabilidad un tema tan complejo como este en otro momento y no en medio de una pandemia.

Lo anterior solo busca enlodar la labor que actualmente se ha realizado en conjunto con la oposición en la tramitación del proyecto en cuestión, intentando por secretaría doblegar la justificada crítica, en el sentido de entregar poder excesivo al Presidente de la República en materias de inteligencia y la posibilidad de que se criminalice y persiga a la dirigencia social que se moviliza a lo largo de todo el territorio en defensa de sus comunidades.

En este sentido, el mismo día martes, comenzará la votación de todos los artículos del Proyecto de Ley de Inteligencia, que a juicio de los y las firmantes tiene al menos tres aspectos preocupantes:

1- Agentes propios para la Agencia Nacional de Inteligencia: de acuerdo a lo aprobado en el Senado, se otorga la posibilidad de que la ANI cuente con “agentes” a objeto de poder “introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales”, los que podrían ser oficiales activos de las FFAA y de Orden, en la figura de comisión de servicio. Así, se estaría otorgando a un servicio dirigido en última instancia por el Presidente de la República- con todos los riesgos de politización de la actividad de inteligencia-, para que éste pueda disponer de agentes operativos, renunciando a hacer política y abocándose a labores propias de la policía (en el plano interno) y de las FFAA (en amenazas externas).

2- Incorporación de “grupos nacionales” como objetos de inteligencia: se modifica la definición de contrainteligencia, quedando abierta la posibilidad de que la contrainteligencia militar y los recursos de estas unidades, puedan ser dirigidas ahora contra “grupos nacionales”. Dicha definición rompe con el actual paradigma, y es tan amplia que más bien es reflejo de una “indefinición” en la ley, lo que en la práctica podría mal utilizarse contra cualquier “grupo nacional” que a juicio del Presidente de la República amenace el orden público o la seguridad nacional. Esto configura un posible escenario de riesgo, en el cual el sistema de inteligencia nacional se aboque a una persecución política de personas dentro del Estado de Chile. Esta preocupación no es tan alejada de la realidad si se analizan los discursos e iniciativas del Presidente Piñera y del Ministro Espina, en especial desde el 18 de octubre a la fecha así como las reiteradas violaciones a los DDHH ocurridas en este período.

3- Se debilita la fiscalización democrática: el proyecto del gobierno aumenta los requisitos para que el Congreso Nacional fiscalice a las unidades de inteligencia, a través de la Comisión de Control de Inteligencia del Estado, aumentando el quórum de dicha Comisión para poder citar al Director de la ANI. En la actualidad, basta la mayoría simple de los y las presentes, en cambio el proyecto establece ⅔ de los miembros permanentes. El establecimiento de quórum calificado es una muestra más del intento de intromisión en las labores propias de otro poder del Estado, tal cual se ha llevado adelante en los últimas semanas por parte del gobierno, pues no existe justificación razonable para establecerlo, especialmente cuando se dice que se fortalece la fiscalización política, cuestión a todas luces engañosa.

Por otra parte, el Gobierno y algunos personeros del oficialismo en distintos medios de comunicación han señalado que el proyecto viene a aportar en el combate contra el narcotráfico y/o el crimen organizado, pero el proyecto no hace mención a ninguno de estos temas. Tampoco se hace cargo de las redes de corrupción, lobbistas financiando parlamentarios o de los millonarios fraudes contra el Estado, mientras que si habla expresamente del resguardo del orden público y la disposición de las FFAA en labores internas. Igual de preocupante es que el proyecto de ley no considera ninguna recomendación de la Comisión Especial Investigadora sobre el caso Huracán, a propósito del montaje de la inteligencia de Carabineros para criminalizar a comunidades mapuche.

Por todo lo anterior, es importante resaltar nuestra gran preocupación por la democracia de nuestro país, ya que hemos sido testigos del accionar de este gobierno durante el estallido social en materia de DDHH, llegando incluso a ser foco de atención de organismos internacionales y también de cómo las últimas acciones y anuncios del Presidente Sebastián Piñera han avanzado en una línea totalmente contraria, incluso llegando a promover intervenciones en otros poderes del Estado como lo es el poder legislativo. Es por ello, que debemos evitar que proyectos como éste terminen por perseguir una vez más a la población, legitimando incluso la presencia de FFFA, pareciéndose a un modelo de Estado autoritario que vigila, interviene y limita el quehacer legítimo de las organizaciones sociales.

Finalmente creemos que es tiempo de distanciamiento físico, pero no social. Es por ello que hacemos un fuerte llamado a activarse por redes sociales y plataformas virtuales a las organizaciones sociales, culturales, sindicales, comunitarias, partidos políticos y ciudadanía en general, para ejercer un control democrático sobre sus representantes populares y denunciar este intento autoritario del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, rechazando la censura en contra del Presidente de la Comisión de Defensa Diputado Jorge Brito y por el total rechazo al Proyecto de Inteligencia del gobierno.

Organizaciones convocantes:

– MODATIMA. Movimiento de Defensa de Acceso al Agua la Tierra y Protección del MedioAmbiente
– No + AFP
– Colegio de Profesoras y Profesores
– FECH Federación de Estudiante de la Universidad de Chile
– UKAMAU
– ANEF

Firmantes
https://docs.google.com/document/d/1bBIz9PVQ0pXAmANaCLu_epzA5VhTVgysDXbQsBc35gU/edit?usp=sharing

Por Editor

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