En mayo pasado, la Defensoría del Pueblo de Colombia pidió a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa que reclamen a las autoridades de EEUU un informe sobre el estado de las investigaciones relacionadas con presuntos abusos sexuales a menores por parte de militares de ese país.
En opinión del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, estos procesos deben trascender la órbita disciplinaria, ya que, en caso de que se compruebe su veracidad, ameritan un castigo penal y sanciones administrativas ejemplarizantes.
Según la denuncia que se hace en el “Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, y que fue publicado en febrero pasado, 54 menores de edad colombianas fueron violadas entre el 2003 y el 2007 por soldados y contratistas de Estados Unidos que operan en Colombia. Incluso, los victimarios grabaron los abusos y vendieron los videos como material pornográfico.
Según el reporte (página 48 del apartado ‘Injerencia de los EEUU: contrainsurgencia y terrorismo de estado’) los militares estadounidenses quedaron impunes por los delitos cometidos gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática que tienen los funcionarios de Estados Unidos.
La Comisión denominó ‘imperialismo sexual’, que hace parte de un comportamiento discriminatorio contra mujeres, en su mayoría jóvenes de países donde tienen presencia las bases militares del país norteamericano.
Este estudio de 809 páginas fue encargado a 12 expertos, seis seleccionados por el gobierno y otros seis por las FARC, en el marco de los diálogos de paz que llevan a cabo en La Habana desde noviembre del 2012.
Uno de los expertos, Renán Vega Cantor, profesor titular del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, dijo que más allá delos ataques sexuales directos, “son frecuentes las violaciones y agresiones sexuales por parte del Ejército colombiano” tal y como refleja en una entrevista con un oficial de inteligencia de la Marina que recoge en el informe.
“Yo infiltré (en la guerrilla) a una pelada (niña) con un GPS así de grande (apuntando al mouse de un computador) en su vagina”, dijo el oficial citado en el informe.
En referencia a los videos, el defensor del Pueblo, dijo que al ser la pornografía infantil un delito de carácter trasnacional, hay mecanismos suficientes para garantizar la justicia y evitar la impunidad.
Con información de: www.elnuevoherald.com y www.elespectador.com
PDF: Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimasecolombia
En la foto de archivo: activistas de SOAW, entre ellos el padre Roy Bourgeois y José Mulligan, bloquea la entrada a la Base Militar de Tolemaida en Colombia, año 2009
