(English below)

Por SOAWatch

El 20 de junio, un tribunal hondureño finalmente presentó el veredicto escrito en el caso contra el ex oficial de inteligencia militar, entrenado en los EEUU, Roberto David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, condenándolo a 22 años y 6 meses de prisión. Laura Zúniga Cáceres, la hija menor de Berta, explicó: “Este es un avance importante pero los autores intelectuales del crimen siguen gozando de impunidad gracias a su poder político y económico. Como víctimas de este crimen, nosotros, su familia, miembros de Copinh y del pueblo Lenca, seguiremos exigiendo justicia al Estado hondureño”.

COPINH publicó un comunicado nombrando a miembros de la poderosa familia Atala Zablah de Honduras como los autores intelectuales del asesinato de Cáceres. Castillo era el director ejecutivo de la corporación hidroeléctrica DESA, que intentaba construir un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Berta Cáceres. Sin embargo, el propietario mayoritario de DESA, al momento del asesinato de Cáceres, era una empresa propiedad de miembros de la familia Atala Zablah. Tres hermanos Atala Zablah eran miembros de la Junta de DESA. El hijo de uno de ellos, Daniel Atala Midence, era el Director Financiero de DESA. Atala Midence fue llamado a declarar como testigo en el juicio por asesinato, por los abogados de la familia Cáceres, pero evitó declarar después de que los fiscales estatales declararan que estaba siendo investigado por el asesinato. Si bien técnicamente puede estar bajo investigación, el COPINH denunció que los fiscales estatales “no han hecho un solo avance real en la identificación de los autores intelectuales”.

En efecto, parece que el Ministerio Público de Honduras ha intentado evitar encontrar a los autores intelectuales responsables del asesinato de Berta Cáceres. Es muy notorio que el Ministerio Público no haya presentado pruebas sobre la procedencia del dinero para pagar el asesinato de Cáceres. Ni siquiera presentaron una propuesta al tribunal para que un experto financiero examinará las finanzas de David Castillo y empresas relacionadas, a pesar de que el primer juicio por el asesinato dejó en claro que había varias personas jurídicas que pagaron el salario de uno de los hombres condenado por el crimen.

Si bien el Ministerio Público de Honduras no ha podido rastrear el dinero, un informe de investigación publicado en The Intercept documenta cómo el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) envió repetidamente dinero que se suponía iba a ir a un contratista que construye el Proyecto Agua Zarca a una empresa fundada por David Castillo, CONCASA. Castillo entregó poder administrativo de CONCASA a Daniel Atala Midence. The Intercept describe cómo Atala Midence y Castillo presentaron solicitudes ante FMO de dinero para pagar a una empresa constructora pero con instrucciones de transferencia a CONCASA. FMO envió el dinero a CONCASA a través de Deutsche Bank en la ciudad de Nueva York; ambos bancos procesaron la transacción a pesar de la gran bandera roja de que la empresa que figuraba como beneficiario no coincidía con la empresa que recibía el dinero.

El artículo informa que uno de estos pagos, por poco más de 1,7 millones de dólares, fue solicitado por Atala Midence, el 23 de febrero de 2016, y enviado apenas dos días antes del asesinato de Cáceres. También dos días antes del asesinato, Castillo le envió un mensaje a Douglas Bustillo, quien coordinó con los sicarios que asesinarían a Berta, para reunirse al día siguiente para proporcionarle dinero.

El enjuiciamiento de todos los autores intelectuales de su asesinato es sólo una de las formas en que los sistemas de justicia de todo el mundo están en deuda con Berta Cáceres. Todos y cada uno de los delitos financieros cometidos por aquellos relacionados con el Proyecto Agua Zarca también deben ser perseguidos. Como dijo a The Intercept Ron Rosenhart Rodríguez, uno de los abogados de COPINH, en los Países Bajos, los documentos “demuestran que todavía hay varias líneas de investigación financiera abiertas para que investiguen las autoridades de Honduras, Panamá, Holanda e incluso Estados Unidos”.

Al día siguiente de la sentencia de David Castillo por el asesinato de Cáceres, el COPINH protestó frente al banco hondureño BAC Credomatic, donde Jacobo Atala Zablah es presidente ejecutivo. Jacobo Atala Zablah también fue Vicepresidente de la Junta Directiva de DESA y propietario parcial de DESA a través de una empresa de inversión familiar. El COPINH también protestó en el Banco Centroamericano de Integración Económica, otro banco que financió el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, y donde un miembro de la Junta Directiva de DESA, José Eduardo Atala Zablah, fue un director hondureño. Finalmente, Bertha Zúniga, Coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, se reunió con la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para presentar propuestas para avanzar en la justicia para Berta Cáceres y los derechos del pueblo Lenca.

Si bien el Ministerio Público de Honduras aún no está dispuesto a investigar y procesar a miembros de la élite económica de Honduras, en palabras de la propia Berta Cáceres, “han creído que la impunidad es eterna pero se equivocan. El pueblo sabe hacer justicia”. COPINH ha demostrado una y otra vez que eso es cierto.

U.S.-trained ex-military intelligence officer sentenced to 22 years for murder of Berta Caceres

On June 20th, a Honduran court finally presented the written verdict in the case against U.S. trained former military intelligence officer Roberto David Castillo for the murder of Berta Cáceres, sentencing him to 22 years and 6 months in prison. Laura Zúniga Cáceres, Berta’s youngest daughter explained, “This is an important advance but the masterminds of the crime are still enjoying impunity thanks to their political and economic power. As victims of this crime, we, her family, members of Copinh and the Lenca people will continue demanding justice from the Honduran state.”

COPINH published a communique naming members of Honduras’ powerful Atala Zablah family as the intellectual authors of Cáceres’ murder. Castillo was the CEO of hydroelectric corporation DESA which was attempting to build a hydroelectric project opposed by Berta Cáceres. However, the majority owner of DESA at the time of Cáceres’ murder was a company owned by members of the Atala Zablah family. Three Atala Zablah brothers were DESA Board members. The son of one of them, Daniel Atala Midence, was DESA’s Chief Financial Officer. Atala Midence was called to testify as a witness in the murder trial by the Cáceres family’s lawyers but avoided testifying after state prosecutors stated he was under investigation for the murder. While he may technically be under investigation, COPINH denounced that state prosecutors “have not made a single real advance identifying the intellectual authors.”

Indeed, it seems the Honduran Public Prosecutor’s Office has attempted to avoid finding intellectual authors responsible for the murder of Berta Cáceres. The Public Prosecutor’s Office has very notably failed to present evidence about where the money to pay for Cáceres’ murder came from. They did not even present a proposal to the court to have a financial expert examine the finances of David Castillo and related companies, despite the fact that the first murder trial made it clear there were several corporate entities that paid the salary of one of the men convicted for the murder.

While the Honduran Public Prosecutor’s Office has failed to follow the money, an investigative report released today in The Intercept documents how the Dutch Development Bank (FMO) repeatedly sent money that was supposed to go to a contractor building the Agua Zarca Project to a company founded by David Castillo, CONCASA. Castillo awarded administrative power of CONCASA to Daniel Atala Midence. The Intercept describes how Atala Midence and Castillo filed requests with FMO for money to pay a construction company but with transfer instructions to CONCASA. FMO sent the money to CONCASA via Deutsche Bank in New York City; both banks processed the transaction despite the huge red flag that the company listed as the payee did not match the company receiving the money.

The article reports that one of these payments, for just over $1.7 million, was requested by Atala Midence on February 23, 2016, and sent just two days before Cáceres was murdered. Also two days before the murder, Castillo messaged Douglas Bustillo — who coordinated with the hitmen that would murder Berta — about meeting up the next day to provide him with money. Read more here.

Prosecution of all the intellectual authors of her assassination is just one way that justice systems around the world are in debt to Berta Cáceres. Any and all financial crimes by those connected to the Agua Zarca Project must also be prosecuted. As Ron Rosenhart Rodriguez, one of COPINH’s lawyers in the Netherlands, told The Intercept, the documents “demonstrate that there are still several lines of financial investigation open for the Honduran, Panamanian, Dutch, and even US authorities to research.”

The day after David Castillo was sentenced for Cáceres’ murder, COPINH protested in front of Honduran Bank BAC Credomatic, where Jacobo Atala Zablah is Executive President. Jacobo Atala Zablah was also Vice President of the DESA Board of Directors and partial owner of DESA through a family investment company. COPINH also protested at the Central American Bank for Economic Integration, another bank that financed the Agua Zarca Hydroelectric Project, and where a Board member of DESA, Jose Eduardo Atala Zablah, was formerly the Honduran director. Finally, Bertha Zúniga, Coordinator of COPINH and daughter of Berta Cáceres met with Honduran President Xiomara Castro to present proposals to advance justice for Berta Cáceres and the rights of the Lenca people.

While the Honduran Public Prosecutor’s Office may still be unwillling to investigate and prosecute members of Honduras’ economic elite, in the words of Berta Cáceres herself, “they have believed that impunity is eternal but they are wrong. The people know how to do justice.” COPINH has shown time and time again that is true.