Colombia ha vivido una situación de violencia a lo largo de toda su historia: desplazamientos de poblaciones, masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales, de defensores del medioambiente y de defensores de derechos humanos. Además de las fuerzas represivas de la policía y de las FFAA, existen zonas controladas por paramilitares. Se suman disputas entre bandos, corrupción del Estado con el consecuente temor de la población a hablar y a manifestarse. No obstante, en medio de este panorama triste y oscuro surgen luces de esperanza capaces de convertir “las espadas en arados”, como lo es el trabajo de la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia (CONPAZCOL).
En el último programa ¡¡QUE EL PUEBLO VIVA!!, conversamos con María Eugenia Mosquera Ruascos integrante de CONPAZCOL. Maru es familiar de víctima de violación de derechos humanos, lideresa social y defensora de derechos humanos. En la entrevista se ha referido a la situación de su país:
CONPAZCOL se formó a partir de los difíciles años “90 del siglo pasado que, al igual que hoy, se debatía en medio de la violencia institucionalizada expresada en masacres y desplazamientos de poblaciones. CONPAZCOL se fue convirtiendo en un espacio de encuentro de grupos étnicos tanto urbanos como rurales. Todos fueron afectados por el conflicto armado. En dicho contexto debieron realizar propuestas concretas para mantener las diversidades de los territorios. Y así enarbolaron el lema FUIMOS VÍCTIMAS, PERO TENEMOS QUE CAMBIAR ESTE PAÍS. ESTA ES NUESTRA VOZ Y ESTO ES LO QUE ESTÁ PASANDO.
Viviendo en medio del conflicto armado han buscado una salida negociada, al mismo tiempo de instaurar lugares humanitarios como refugios y zonas de biodiversidad. CONPAZCOL visibiliza lo que ocurre en los territorios, denuncia lo que acontece, proporciona formación en derechos humanos, en derecho humanitario y en derecho internacional.
Por su propia experiencia, por el trabajo en los territorios, presentaron varias propuestas para los Acuerdos de Paz que se realizaron en La Habana, entre las FARP-EP y el gobierno. Sin embargo, muchos de esos acuerdos no han sido implementados por las autoridades colombianas.
Al contrario: se ha buscado exterminar a las y los ex combatientes firmantes de los Acuerdos de Paz y es frecuente también los asesinatos a las y los líderes sociales. “Nos quieren callar” y para continuar con el exterminio que se ejerce para mantener el actual modelo económico. Ello ha implicado una escalada del paramilitarismo, cuyas secuelas han sido amenazas y confinamientos. El gobierno no atiende a los reclamos de su pueblo y no se difunde la represión por el miedo a denunciarla. Encerradas, las comunidades se ven obligadas al desplazamiento, porque la militarización a través del ejército en concomitancia con los paramilitares es la única respuesta dada por el Estado.
De acuerdo a datos de INDEPAZ, desde la firma de los Acuerdos de Paz han sido asesinados a 611 defensores del medioambiente. También han sido asesinados 332 indígenas, 75 afrodescendientes, 102 campesinos, 25 ecologistas, 75 integrantes de juntas de Acción Comunal. Sólo en el 2020 fueron asesinados 65 líderes medioambientales. En lo que va corrido del año 2021 han sido 116 los líderes asesinados. En total, desde los Acuerdos de Paz van 1.231 asesinados, pues los crímenes se cometen todos los días. El paro nacional ha provocado otra secuela de muertes.
Estados Unidos es quien provee de armas al Estado para reprimir al pueblo colombiano. Para EEUU, la guerra es un negocio que le garantiza la mantención del modelo económico.
Por ello, son conscientes que “las armas son nuestro peor enemigo” y de igual forma se oponen al entrenamiento de las Fuerzas de Seguridad colombiana en la Escuela de las Américas del Ejército de EEUU.
Te invitamos a ver esta entrevista en Youtube en:
¡¡QUE EL PUEBLO VIVA!!
