Declaración Pública
El viernes pasado hemos conocido que el Ministro en Visita, Mario Carroza, dictó condena contra el ex comandante en Jefe del Ejército del gobierno de Ricardo Lagos, Juan Emilio Cheyre, en el marco del caso “Caravana de la Muerte” episodio La Serena en 1973, condenándolo a 3 días y un día en libertad vigilada. Las organizaciones que firmamos esta declaración consideramos esta condena muy baja en consideración a una serie de antecedentes que apuntan a una mayor responsabilidad del ex Comandante Cheyre, quien nada hizo para impedir que se cometieran 15 crímenes de lesa humanidad en La Serena.
Al mismo tiempo, rechazamos las declaraciones del Ejército de Chile que lamentó la situación de su ex Comandante en Jefe. En vez de rechazar y condenar a quienes como Cheyre cometieron abusos a los derechos humanos y violaron la ley, solamente manifiestan su lamento por esta condena mínima, sin existir gestos institucionales para terminar con los pactos de silencio al interior del ejército. Tampoco es aceptable que los ex ministros de defensa Jaime Ravinet, Francisco Vidal, Jorge Burgos y Andrés Allamand hagan defensa de Cheyre, dado que aquello es demostrativo de la imposición de la gobernabilidad por sobre la justicia, verdad y reparación a las víctimas y familiares.
Volvemos a reiterar que las Fuerzas Armadas y de Orden, deben romper sus pactos de silencio y de apoyo a todo uniformado procesado o condenado por violaciones a los derechos humanos. Las agrupaciones de familiares y el pueblo de Chile siguen esperando que las FFAA y de Orden colaboren efectivamente con la justicia y entreguen los antecedentes del paradero de cientos de detenidos desaparecidos que siguen sin encontrarse. Esto cobra especial importancia por el lamentable avance de la impunidad biológica, ya que victimarios mueren sin sanciones y sin dar información necesaria para terminar con la impunidad.
Volvemos a reiterar al Ministerio de Defensa que debe ordenar a las FFAA y de Orden degradar a todos los uniformados que han sido condenados por violaciones a los derechos humanos y, al mismo tiempo, quitarle todos los privilegios que otorga el Estado a los uniformados. Es indispensable también cerrar el Penal de Punta Peuco donde asesinos de lesa humanidad gozan de una serie de privilegios y comodidades. El mensaje que debe dar el Estado de Chile debe ser claro y directo, no solo de condenas simbólicas, sino de medidas y sanciones ejemplares que apunten a apartarse de quienes cometieron crímenes tan crueles contra el pueblo de Chile.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
Corporación de La Serena 16 de Octubre
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
Asociación Nacional de Empleados Fiscales
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas
