Por Julieta Daza A.*
En 2008, el expresidente de Venezuela y comandante de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez acuñó por primera vez la denominación de “Israel de América Latina” para caracterizar el papel de Colombia en la región.
Numerosos actores y actoras, desde el análisis internacional y la política, han replicado esta denominación, sin duda, acertada al constatar la estrechísima relación entre Colombia y los Estados Unidos en el ámbito militar, y su significado geopolítico en la región. Esta relación incluye aspectos como el financiamiento, la entrega de material bélico, el entrenamiento militar, y la presencia de militares estadounidenses en territorio colombiano.
Coincide con el caso de Israel que en nuestro ejemplo latinoamericano se trata de un territorio de importancia geoestratégica de entrada a Suramérica, con acceso al Mar Caribe y al Océano Pacífico. Igualmente, la presencia estadounidense en este territorio facilita la intervención (militar, política, económica, etc.) en la región. Tanto Israel como Colombia han ofrecido la posibilidad a los EE.UU. de fomentar la conflictividad regional. En el caso de Colombia, especialmente, hacia su vecina Venezuela, a nivel diplomático, pero también a través de la injerencia militar, mercenaria y paramilitar.
No obstante existe una importante diferencia entre ambos ejemplos. Mientras que el Estado de Israel se crea apenas en 1948, obedeciendo a los intereses geopolíticos imperialistas de los Estados Unidos, que desde entonces apoyarán su estrategia de ocupación colonialista, en Colombia, ya desde las luchas por nuestra independencia de la corona española y por la unidad latinoamericana en el siglo XIX, sectores de la oligarquía actuaban en función de los intereses estadounidenses.
El papel de Colombia, como bastión de los intereses imperialistas en la región, se remonta entonces a estos momentos históricos. Se inicia así una larga historia signada por lo que Renán Vega Cantor (2015) denomina una “subordinación estratégica” del Estado colombiano a los Estados Unidos, la cual limita la autonomía política de Colombia, en el ámbito nacional e internacional, pero la cual, a su vez, ha beneficiado económicamente a sectores de la oligarquía gobernante y casta militar.
Así los Estados Unidos, han influido fuertemente en la doctrina y, en general, en la agenda militar colombiana, pasando desde el anticomunismo de la Guerra Fría a la “guerra a las drogas”, y luego a la “guerra global al terrorismo”. Esto ha implicado también la implementación de una cruenta doctrina contrainsurgente en el país. Hoy, en medio de la agudización de las disputas geopolíticas a escala global, somos testigos de cómo esta agenda está cada vez más marcada por los intereses de la OTAN.
La agenda militar se entrelaza con un proyecto de control territorial imperialista y de establecimiento de beneficios jurídicos, económicos, financieros, de seguridad, y de todo tipo para las empresas transnacionales de capital estadounidense y de otros países imperialistas, extractivistas y de otro tipo. Jairo Estrada (2010) agrega que se evidencia que el objetivo de esta estrategia imperialista para Colombia, además de la búsqueda de rentabilidad económica, es también producir un “país emblemático” a nivel internacional.
Se trata entonces, no sólo de una estrategia económica sino también geopolítica, con el fin de presentar a Colombia como un país estable y seguro en cuanto a lo económico y financiero y, de esta manera, convertirlo en un bastión de contención frente a proyectos políticos de izquierda o progresistas en la región.
Para mencionar solamente algunos pocos componentes de esta larga historia, y centrándonos en los más recientes, se puede mencionar los siguientes:
– El “Plan Colombia” (1999 en adelante) supuestamente dirigido a resolver los problemas estructurales causales del narcotráfico. No obstante, se trata de uno de los planes de cooperación militar estadounidense más grandes de la región, el cual ha tenido varios planes sucesores. Ya en 1999, Colombia se convierte en el tercer país del mundo receptor de cooperación bélica estadounidense, después de Israel y Egipto.
– En 2009, bajo el gobierno del expresidente Uribe, se le concede a los EE.UU. acceso a siete bases militares en territorio colombiano, mediante un “acuerdo”. Ese mismo año éste fue negado por la Corte Constitucional de Colombia. Sin embargo, en la práctica la presencia de tropas y mercenarios de los Estados Unidos se da en todo el territorio nacional.
– En 2018, Colombia se convierte en “socio global” de la OTAN, único país de la región bajo esta categoría. Como áreas priorizadas de cooperación se establecieron la ciberseguridad, la seguridad humana, y la seguridad marítima, así como la lucha contra el terrorismo. Un componente central de esta cooperación es el entrenamiento de las fuerzas armadas colombianas, mediante el cual se busca la interoperabilidad, de acuerdo con las normas y estándares de la OTAN. Esto ha incluido cursos de desminado, contrainsurgencia y antinarcóticos en Alemania e Italia (CELAG, 2022). En pocas palabras: se avanza en la adaptación de las fuerzas militares colombianas a la doctrina militar de la OTAN, entrenándolas para el tipo de escenarios de guerra protagonizado por esta organización militar.
– El 23 de mayo, el presidente estadounidense Joseph Biden firmó un memorando en el que otorga oficialmente a Colombia la categoría de “aliado importante extra-OTAN” (MNNA, por su sigla en inglés). Ya en marzo, cuando Biden realizó el primer anuncio de esta decisión indicó: “Colombia es el eje, en mi opinión, para todo el hemisferio, del norte y del sur” (CNN, 2022). Destacando también la “inmediata” condena colombiana a la “injustificable invasión” rusa de Ucrania (Swissinfo, 2022).
En América Latina también Brasil (desde 2019) y Argentina (desde 1998) poseen esta categoría (CELAG, 2022). Según las matrices mediáticas hegemónicas esta designación ofrece a los Estados “una serie de ventajas militares y financieras que no poseen otros países”. Una importante implicación de ésta es que se oficializa que el país aliado, en este caso Colombia, puede servir de ubicación para los arsenales de la Reserva de Guerra de Estados Unidos (CNN, 2022).
La celeridad con la cual el presidente de Colombia Iván Duque y Biden actuaron, en el marco de este procedimiento, obedeció probablemente a que deseaban concretarlo antes de las elecciones presidenciales colombianas realizadas el 29 de mayo, intentando quizás contrarrestar el gran rechazo popular hacia el derechista sector político del uribismo, que se viene evidenciando en el país, y al que pertenece Duque.
En estas elecciones la coalición progresista Pacto Histórico, con las candidaturas presidencial y vicepresidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez, recibió la mayor votación: obtuvo 40,32%, es decir más de 8 millones y medio de votos.
No obstante, esta no alcanzó para un triunfo, por lo que el 19 de junio se realizará una, posiblemente, reñida segunda vuelta en la que Gustavo Petro se disputará la presidencia con Rodolfo Hernández, quien ha intentado presentarse como independiente de los sectores políticos tradicionales, y cuyas polémicas declaraciones le han propiciado su apodo de “Trump latinoamericano”. El mayor riesgo de un triunfo de Hernández es que éste se pudiera convertir en una simple marioneta de los intereses de la oligarquía colombiana, que junto a su amo del norte, siempre ha detentado el poder político.
Frente a ello millones de colombianas y colombianos ven en el Pacto Histórico una posible alternativa política dignificante ante una historia signada por el exterminio del pueblo como “enemigo interno”, y la sistemática violación de la soberanía de Colombia en función de los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense. A ello se suma que Petro ha declarado, en varias ocasiones, su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, es necesario ser conscientes de lo complejo que puede resultar la gobernabilidad en el país, ya que una posible presidencia de Petro no podrá actuar con plena autonomía frente a otros poderes, políticos y económicos, nacionales e internacionales.
¿Qué puede hacer Petro, por ejemplo, frente a la agresiva militarización estadounidense del territorio colombiano? ¿Podrá y/o querrá deshacer los acuerdos entre Colombia y la OTAN? ¿Cuál será su posición frente a las disputas geopolíticas globales? ¿Será capaz Petro de cambiar la histórica doctrina militar contrainsurgente del Estado colombiano? Frente a todos estos retos políticos será trascendental la capacidad de movilización y presión popular, que también ha demostrado su resistencia y fuerza a través de la historia.
*Julieta Daza A.,es socióloga, activista social, y hace parte del Centro de Investigación y Estudios Fronterizos (CIEF). Es colombiana, pero reside en Venezuela.
