Comisión del Senado uruguayo aprobó acuerdo militar con Estados Unidos. El Acuerdo militar de Uruguay con Estados Unidos que define el “apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo)” fue aprobado el 13 de diciembre en la Comisión de Asuntos Internacionales integrada con Defensa Nacional del Senado.
Por Luis Vignolo
La aprobación resultó de los votos de los partidos de la coalición de derecha gobernante representados en la cámara alta, el Nacional del presidente Luis Lacalle Pou, el Colorado y Cabildo Abierto. El opositor Frente Amplio votó en contra.
Fueron invitados a exponer ante la Comisión tanto el ministro y el subsecretario de Defensa Nacional como el subsecretario de la Cancillería, debido a las dudas que la oposición como algunos integrantes de la coalición oficialista manifestaron respecto del tema de las bases.
El ministro de Defensa, Javier García, dijo que había en la sesión la “intención de profundizar” sobre el “apoyo a operaciones en bases”, y negó a continuación que se habilitara la instalación de una base militar extranjera en Uruguay.
Recordó y reivindicó la posición del líder histórico de su partido, el Nacional, Luis Alberto de Herrera contra la instalación de bases de Estados Unidos en Laguna del Sauce, a mediados del siglo XX. Daba a entender así que en el Partido Nacional mantenían esa postura.
Sin embargo, García, al comenzar su discurso, mencionó el Convenio de Defensa entre Uruguay y Estados Unidos de 1953, destacando los 70 años de “cooperación” militar entre ambos países.
Curiosamente, o muy deliberadamente, no recordó la muy enérgica oposición de Luis Alberto de Herrera al Convenio militar con Estados Unidos de 1953. Oposición compartida por Carlos Quijano desde el semanario Marcha, así como por comunistas y socialistas.
El ministro hizo gala de una memoria histórica muy selectiva sobre Herrera, funcional a la postura panamericanista pro-estadounidense del actual “herrerismo” y sus socios en el gobierno, el Partido Colorado y Cabildo Abierto.
García volvió a insistir, como lo había hecho antes, en la interpretación de que el “apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo)” puede referirse, por ejemplo, al apoyo de Estados Unidos a una base uruguaya en misión de paz en el Congo.
Interpretación diferente y contradictoria con la que formuló el por entonces senador Gustavo Penadés (especializado entre los parlamentarios del Partido Nacional en temas de Defensa) cuando en 2022 afirmó que sería para construir una policlínica.
Es importante detenerse en estas contradicciones porque el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores durante su intervención “abrió el paraguas”, frente a la posibilidad de que se pusieran en práctica otras interpretaciones del Acuerdo, diciendo: “Inclusive, ante el escenario de máxima siempre estaría habilitado este Poder (el Legislativo), o incluso el Poder Ejecutivo para decir que lo que quizás se interpretó en un acuerdo como tal, no es así”.
De modo que integrantes del actual Poder Ejecutivo reconocen que podrían existir otras interpretaciones, aunque las rechacen.
Luego el mismo subsecretario expresó: “podemos tener la subjetividad del análisis del texto que, básicamente, puede ser infinito”, y volvió a reiterar la referencia a la subjetividad de la interpretación infinita, sin darle trascendencia.
Quedaron sin respuestas adecuadas las valiosas interrogantes planteadas por los senadores frenteamplistas Sandra Lasso y Daniel Caggiani.
Caggiani formuló la duda acerca de si “los acuerdos de operaciones concretas que se puedan realizar se harán por un acuerdo de implementación, que no va a ser conocido por el Parlamento”; o los problemas con otros países como China.
También Lasso puso énfasis en la preocupación que provoca la mención en el Acuerdo a las “circunstancias imprevistas o situaciones en la que una de las partes pueda requerir Apoyo Logístico”, en función de los intereses de Estados Unidos.
Corresponde recordar que el propósito estadounidense de instalar una base militar en Uruguay viene al menos desde el siglo pasado, como recordaron García y Lasso con sus referencias a la oposición de Herrera a esa iniciativa norteamericana.
Suele sin embargo olvidarse que entre noviembre y diciembre de 2018 tuvimos una base militar temporal de Estados Unidos en el aeropuerto de Carrasco, durante la Cumbre del G20 organizada en Argentina.
No en vano el socialista Vivian Trías definía al Uruguay como una semi colonia, condición compartida con otros países de nuestra América Latina balcanizada.
En el pasado reciente se escribieron libros de historia del Uruguay titulados, por ejemplo, “De la colonia al Mercosur”. A menos que haya transformaciones profundas, no solo electorales sino de orientación estratégica, en el futuro próximo habrá que escribir libros sobre la peripecia uruguaya que se titulen: De la semicolonia a la colonia del siglo XXI.
Fuente: http://www.rel-uita.org/uruguay/un-camino-abierto-a-las-bases-militares/
¿Una base militar para el Comando Sur en Uruguay?
Julián González Guyer – 30 junio, 2023
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó, casi sin análisis, el denominado «Acuerdo para la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios» (acuerdo logístico) entre el Comando Sur de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Uruguay. Su texto contempla el apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo), así como desplazamientos, escalas, operaciones u otras actividades cooperativas, o en circunstancias imprevistas o situaciones en las que una de las partes pueda requerir apoyo logístico, suministros y servicios.
El emplazamiento de bases o instalaciones para el uso eventual o permanente de las fuerzas militares de Estados Unidos en territorio nacional tiene una larga historia. El primer intento conocido tuvo lugar en 1940 y dio lugar a la célebre interpelación a cargo de Eduardo Víctor Haedo, mandatado por el bisabuelo del actual presidente, que provocó un incidente diplomático con Argentina. El último intento fue en 2012. Ese año, el MDN firmó el acuerdo que ahora reaparece y abortó la construcción de un barracón en un predio militar de Durazno por el Comando Sur de Estados Unidos junto con el Ejército y sin conocimiento de las autoridades.
Transcurrida una década, a su retorno de la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Brasilia, el 3 de agosto pasado, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, reenvió el acuerdo de 2012 al Parlamento. En Brasil tuvo contactos con el secretario de Defensa de Estados Unidos, general retirado Lloyd Austin, y votó su propuesta de adoptar la nueva doctrina de disuasión integrada que el Pentágono recién divulgó un mes más tarde en su Estrategia de Defensa Nacional.
UN ACUERDO CON GATO ENCERRADO
El acuerdo logístico, codificado como US-UY-02, fue firmado el 16 de abril de 2012 por el ministro de Defensa Nacional y el 21 de mayo por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos en Miami. La decisión del Poder Ejecutivo de firmar el acuerdo figura en la resolución 643/011 (26-XII-11), numeral 1, donde se dice que en marzo de 2010 había caducado un «Acuerdo de similares características que fuera suscrito […] en el año 2000, el cual resultó beneficioso para ambos países».1 De aquel acuerdo US-UY-01, firmado por el ministro Luis Brezzo el 29 de marzo de 2000, al inicio del gobierno de Jorge Batlle, no hay registro parlamentario.
El profesor Vine describía la estrategia del gobierno de Barack Obama de desarrollar una nueva generación de bases militares en el mundo –las lily pads, hojas de nenúfar–: las ranas, apoyadas sobre ellas, se mueven rápidamente sobre un espejo de agua. Pequeñas y discretas, constituyen enclaves de despliegue avanzado que dejan atrás las mastodónticas bases militares tradicionales de Estados Unidos. Una red de «fortines de frontera», ubicados en puntos estratégicos, permite el rápido despliegue de las fuerzas militares estadounidenses en caso de ser necesario.
En Brecha (12-X-12), Marcos Rey –en el artículo «Las dos caras de la defensa»–informaba que el MDN había tomado conocimiento de un proyecto del Comando Sur de Estados Unidos en acuerdo con el Ejército uruguayo que, sin informar al ministro, iba a construir un barracón en Durazno. El pretexto era almacenar elementos para atender situaciones de emergencia.
EL JUEGO DE LA MOSQUETA Y LA BASE MILITAR
El punto crucial del acuerdo que el gobierno impulsa se ubica en el artículo II. Allí se detalla la definición de su objeto y se afirma que «apoyo logístico, suministros y servicios» significa «provisión de alimentos, agua, alojamiento, transporte (incluyendo transporte aéreo), petróleo, aceites, lubricantes, ropa, servicios de comunicación, servicios médicos, municiones, apoyo a operaciones en bases (y la construcción correspondiente a ese apoyo), servicios de almacenamiento, utilización de instalaciones, servicios de capacitación, piezas y elementos de repuesto, servicios de reparación y mantenimiento, servicios de calibración y servicios portuarios».
El complemento está en el artículo III, que explicita la finalidad del acuerdo: «Facilitar el apoyo logístico recíproco entre las partes, para ser utilizado principalmente durante los ejercicios combinados, el adiestramiento, los desplazamientos, escalas, operaciones u otras actividades cooperativas, o en circunstancias imprevistas o situaciones en las que una de las partes pueda requerir apoyo logístico, suministros y servicios».
El resto de los asuntos que detalla el acuerdo resultan verdaderamente inverosímiles por lo superfluo. Recuerdan los movimientos del malandra que embauca incautos en el juego de la mosqueta. En efecto, Estados Unidos ha transferido a Uruguay durante décadas –con o sin acuerdo– todo tipo de equipamiento y ha brindado servicios logísticos como los que se describen. Lo ha concretado de las más variadas formas: venta, préstamo, arriendo, donación, etcétera. Desde 1952 existe un acuerdo bilateral y hasta un plan militar secreto firmado en 1953. Recientemente, sin acuerdo vigente, llegaron tres pequeñas lanchas patrulleras de clase Protector, que para su incorporación a la Armada Nacional requirieron trabajos de puesta a punto en Estados Unidos, con una inversión de unos 5 millones de dólares por parte de Uruguay.
Como para muestra alcanza un botón, basta citar dos ejemplos. Del 11 de julio al 23 de agosto de 2023 permanecerán en el país 12 militares integrantes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos (se omite que son los archifamosos seals), quienes con su armamento individual desarrollarán actividades con la Armada Nacional (se omite a los Fusileros Navales). Extrañamente, el proyecto de ley argumenta –en un texto con pasajes burdamente traducidos del inglés– que los seals instruirán a los marinos compatriotas para operaciones de paz, una misión que la Armada Nacional no cumple desde hace ya varios años y que es absolutamente ajena a un cuerpo de operaciones especiales como los seals, especializado en operaciones de combate en condiciones extremas.
También, del 5 al 10 de junio estuvieron en nuestro país 13 efectivos de la Guardia Nacional de Connecticut y un avión de transporte Hércules C-130 para llevar a cabo actividades con personal de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Además, es habitual el aterrizaje en el Aeropuerto de Carrasco de aviones de transporte de la US Air Force –en ocasiones llegan los enormes C-5 Galaxy–, cuya carga ingresa al país sin control de ningún tipo. Todo ello sin acuerdo logístico.
En su último informe a la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, afirmó que la seguridad de Estados Unidos es impactada por los problemas de América Latina y el Caribe, región a la que definió como estratégica. Postuló que los adversarios «malignos» utilizan todos los medios para socavar los intereses de Estados Unidos y erosionar la democracia, fundamentando la implementación de la «disuasión integrada». Esto es, que Estados Unidos en alianza con sus amigos y socios en la región ponga en obra coordinadamente todas las capacidades de los gobiernos, la industria, el sector privado y la academia para enfrentar a los actores malignos en todos los «dominios» –tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio–, en todos los posibles niveles de conflicto y de forma multidimensional: en el ámbito económico, político, cultural y psicológico. Cualquier similitud con la doctrina de la seguridad nacional es pura coincidencia.
Finalmente, conviene recordar que, por mandato constitucional, el ingreso de militares extranjeros con armamento y equipo al territorio nacional requiere venia del Parlamento. La aprobación legislativa de este acuerdo US-UY-02 ¿podrá ser usada como argumento legal para la libre circulación de tropas militares estadounidenses o su instalación en territorio uruguayo sin venia del Parlamento ni conocimiento de la opinión pública?
1. Disponible en http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/643-2011.
Fuente: Brecha
Uruguay: El Senado aprobó la participación de efectivos del Ejército en un ejercicio liderado por Estados Unidos
El Senado aprobó por mayoría un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que habilita la salida del país de una delegación de 30 efectivos del Ejército, a efectos de participar en un “ejercicio multinacional de operaciones de paz” en el Centro de Operaciones de Paz de Birendra, en Nepal, del 8 de febrero al 5 de marzo del año que viene.
Sin embargo, desde el Frente Amplio no acompañaron la iniciativa. El senador Alejandro Sánchez sostuvo que la posición negativa de la oposición se fundamenta en que no se trata de un ejercicio organizado por Naciones Unidas, sino que en realidad es promovido por el Comando Indopacífico de Estados Unidos.
Fuente: La Diaria
