Ante el despliegue de militares en Área Metropolitana de San Salvador, denominado Fortalecimiento de la seguridad y prevención, donde se despliega la Fuerza de Tarea Vulcano, acompañados de más de 50 vehículos blindados (tanquetas) de la Fuerza Armada (FAES) y motocicletas. Siendo su principal estrategia la concentración en puntos de convivencia y reunión ciudadana como universidades, centro de comercio, parques y espacios de desplazamiento público.
Queremos manifestar como ciudadanía que reconocemos en este acto un peligroso continuar de las políticas Estatales represivas hacia la población, implementadas por anteriores gobiernos, sobre todo contra las personas jóvenes y mujeres; poblaciones históricamente vulnerables a experimentar violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
La seguridad de las personas, no pasa únicamente por la disminución de los homicidios y otros delitos. La seguridad ciudadana, implica reconocer el derecho humano a vivir una vida libre de violencia, al desarrollo cultural, socioeconómico y a la participación política, en aras de construir gobernabilidad democrática que se fundamente primordialmente en la capacidad de movilidad y participación de las personas en la toma de decisiones.
Se invisibilizan, otras vivencias complejas de la violencia como la violencia contra las mujeres que tienen matices profundos, cotidianos y socialmente normalizados, en un país con los mayores números de feminicidios (asesinatos de mujeres) en el mundo.
Históricamente en El Salvador, los respectivos gobiernos en turno tanto de la derecha como de la izquierda, han buscado solventar el descontento social usando la represión indiscriminadamente, reduciendo sus expresiones a la causa inmediatista, lejos de invertir en superar las condiciones de profunda inequidad económica y social que mantiene a la población en pobreza, violencia y en constante expulsión del país. En este círculo de culpabilización y construcción de un eje de mal, reduciéndolos a “terroristas y antisociales” como se les suele llamar, se ha construido un fuerte estigma sobre las juventudes salvadoreñas y sus expresiones disidentes.
Hoy en día hay las cárceles desbordan su capacidad llenas de hombres jóvenes, denotándose la disparidad en el procesamiento judicial de actos de corrupción y sanción de los delitos cometidos por personajes públicos de cuello blanco que acostumbran a quedar impunes; en este país la justicia es una serpiente que muerde sólo al que va descalzo.
A través del discurso mediático se ha identificado públicamente al maleante, vago, mal hechor, ladrón y asesino con el rostro de un hombre joven y pobre; los siempre sospechosos de todo: los jóvenes, cargan con el estigma de ser el producto no reconocido de una sociedad que les expulsa y criminaliza.
Los mecanismos de militarización de la seguridad pública NO garantizan el derecho de toda persona a vivir una vida libre de violencia y a que se respeten sus derechos humanos más fundamentales.
El Estado salvadoreño, debe retomar la tarea de respetar Los Acuerdos de Paz, cumpliendo con los mecanismos que garanticen nuestra seguridad más allá de la represión y el combate a la delincuencia.
El alcance de mecanismos de democratización a partir de los Acuerdos de Paz, procuró una depuración de las Fuerzas Armadas, y la construcción de una Policía Nacional Civil. Hoy en día estos organismos de seguridad son señalados como dos de las instancias que son más demandadas por violar los derechos humanos. En el 60% de las denuncias por violaciones a derechos humanos que recibe la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, se señala que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han incrementado cuatro veces el número de denuncias, convirtiéndose en la segunda institución más denunciada desde su inclusión más reciente a tareas de seguridad pública. Según estos datos, las modalidades más frecuentes son las vulneraciones a la integridad, a la seguridad personal, la libertad y a la vida.
La PDDH se encuentra investigando al menos 44 casos de posible ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, representando a más de 130 víctimas directas del Estado.
Ejecuciones extrajudiciales, grupos de exterminios y sicariatos conformados por policías, tortura y maltratos hacia las personas jóvenes en las comunidades tipificadas como “zonas rojas”1, abusos de poder y de acción por parte de la policía contra la población son ejercicios cada vez más comunes en las prácticas de los cuerpos de seguridad.
Los mecanismos de militarización de la seguridad pública en el país, lejos de garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia, somete a la población a la constante sospecha, y a la vulneración de sus derechos humanos.
Somos una generación sin derecho a la post guerra, sin solventar deudas con el dolor y la memoria. Somos miles de salvadoreño/as reclamando saber dónde están nuestros familiares, convivimos aun con asesinos y torturadores, aún esperamos las medidas de reparación de este país que se resigna al silencio. El Estado aún tiene esa deuda pendiente, y por ende le planteamos al gobierno en turno que reflexione qué significa para generaciones que aún no han olvidado el escarnio de la guerra y la crueldad de los cuerpos represivos, el encontrarse diariamente con tanquetas a la vuelta de su casa, cuando hace menos de 30 años la Fuerza Armada perseguía, torturaba, ejecuta y asesinaba a la población salvadoreña, sobre toda a la juventud salvadoreña y las personas pobres que vivían en zonas marginales y empobrecidas.
¿Qué significa para un pueblo con una deuda de dolor el que los militares salgan nuevamente a las calles bajo la legitimidad y autorización del gobierno?
Al haberse negado la postguerra, como sociedad no hemos tenido la oportunidad de sanar, esto implica que lo que no se sana en una generación pasa a la siguiente. Uno de los factores principales que subyacen a la violencia que se vive en el país es un profundo dolor. En este sentido, la violencia sería equivalente al dolor que tenemos como sociedad. Tratar de manipular las razones que esconden la violencia con acciones que promueven más violencia solo indica que no podemos ver aquello que nos daña, mucho de esto que no podemos ver se debe al dolor mismo.
Nos negamos en caer y ceder al juego mediático de los grandes poderes políticos y económicos y sus grandes medios masivos de desinformación.
Nos negamos a alinearnos a las distracciones en que nos quieren poner, utilizándonos como peones o actores y actrices con un guión de una obra que se nos busca imponer tratando de invalidar una costosa guerra y sus implicaciones.
Nos negamos a resignarnos a creer que solo debemos obedecer a una reestructuración del poder del sistema capitalista patriarcal y al ejercicio y legitimación de su aparato militar.
Creemos que podemos imaginarnos y luchar por una realidad distinta que se construya desde la alegría y no desde el dolor.
Les preguntamos: ¿Cuándo se les olvido que estuvieron debajo de la bota?
¡¡NO a la militarización!!
25 de septiembre de 2017
1 Victimización policial: la mayoría de los reportes de abuso policial: maltratos, agresiones verbales y físicas vienen de hombres jóvenes entres los 15 y 25 años de edad y viven en las conatos urbanos de los municipios de San Salvador.
