El Congreso peruano aprobó el ingreso de tropas estadounidenses para “entrenar” con militares y policías del país sudamericano.
Con 70 votos a favor, 33 en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Parlamento avaló la medida, que fue repudiada por las bancadas de la izquierda en la oposición.
La medida, que fue aprobada este viernes por la madrugada, autoriza el ingreso de tropas militares estadounidenses a Perú, a partir del de junio, hasta el 31 de diciembre, de momento se desconoce el número de militares que puedan ingresar.
Pese al rechazo de la oposición, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, defiende el dictamen y asegura que el personal de EE.UU. realizará actividades de “cooperación y entrenamiento” con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El secretario de la comisión, el legislador Alfredo Azurín, asegura que la entrada del destacamento estadounidense “no tiene como objetivo implementar alguna base militar extranjera en Perú y no afectará la soberanía nacional”, según informó la Oficina legislativa de Comunicaciones este viernes.
La votación fue hecha un día después de que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho de Expresión, Reunión y Asociación Pacífica, Clément Nyaletsossi Voule, confirmara exceso de fuerza represiva contra las movilizaciones iniciadas en diciembre pasado en rechazo al gobierno interino de Dina Boluarte. La oficina, además, llama a la Administración Boluarte a ser transparente en las investigaciones que se cursan sobre las muertes de civiles.
El alto representante de la ONU sugirió que el Gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento y garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas rindan cuentas de manera efectiva.
Dos semanas tras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había presentado un informe documentado sobre las “graves violaciones, por parte de militares y policías”, durante las protestas en contra del Congreso y de la presidenta interina.
Para la CIDH, el uso “desproporcionado, indiscriminado y letal” quedó confirmado por el alto número de muertes, de las cuales la mayoría, casi 50, según el organismo, se dieron tras choques con las fuerzas de seguridad pública.
Según la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho, una de las regiones donde se registraron los actos más cruentos.
El más reciente estallido social en Perú surgió tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, por haber intentado disolver el Congreso de la República, que provocó la muerte de unas 80 personas, y decenas de heridos a manos de los policías y militares.
Fuente: https://www.hispantv.com
