Han pasado más de seismeses desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y en México seguimos exigiendo su presentación con vida; sus familias los siguen esperando. El gobierno y la prensa nacional han intentado desesperadamente darle “carpetazo” al caso pretendiendo establecer una “verdad histórica” que acalle las exigencias de justicia y la profunda indignación del pueblo, pero no lo lograrán.
Aunque los poderes del Estado han pretendido imponer la versión que la Procuraduría General de la República (PGR) ha difundido sobre la incineración de los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula, Guerrero; diversas organizaciones nacionales e internacionales han mostrado pruebas fehacientes sobre por qué el caso Aytozinapa no puede ser “superado”, como ha mencionado Enrique Peña Nieto.
A continuación señalo brevemente algunos puntos que la organización mexicana defensora de derechos humanos Centro PRODH ha sostenido para no cerrar el caso:
– Porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula.
– Porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocidos que en México la tortura es recurrente.
– Porque la PGR no ha aclarado cómo explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
– Porque el Estado mexicano, a meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables.
– Porque la PGR no ha logrado que exista un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos.
– Porque en el mismo expediente, donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.
– Porque sólo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido.
– Porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército habiendo indicios de su complicidad con la delincuencia organizada.
– Porque no ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.
La lucha por encontrar a los 43 estudiantes y al resto de nuestros desaparecidos aún no culmina, falta mucho por hacer y con ayuda de la comunidad internacional podremos seguir presionando a las autoridades para demostrarles que la “verdad histórica” se construye desde abajo y con una gran pluralidad de voces. Porque todos somos Ayotzinapa.
Paulina Candia Gajá
