En Honduras, a casi 6 años del golpe de estado, encabezado por graduados de la Escuela de las Américas, la represión sigue con su manto de violencia y militarización instalando el miedo en la población, reprimiendo a los que se oponen al proyecto neoliberal que quiere entregar los recursos naturales y bienes públicos a manos de los privados para seguir enriqueciendo a la oligarquía y a las corporaciones multinacionales.
Mientras se recorta el presupuesto del principal hospital público, ya sobrelleno de víctimas de balas y violencia, la nueva Policía Militar va creciendo. El sistema de justicia se ha convertido en una broma, fomentando la impunidad. El nuevo Ministro de Seguridad, el General retirado Julián Pacheco, entrenado en “Operaciones Psicológicas” en la Escuela de las Américas, está encargado además de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. A esto sumamos que cualquier asunto de “seguridad” puede ser clasificado como “secreto” por 25 años.
A lo anterior, sumamos que en enero de 2015, el presidente Juan Orlando Hernández -quien tomó el poder con el 36% de los votos en unas elecciones que tuvieron denuncias de fraude- quiso elevar a la Policía Militar al estatus constitucional y hacer que esta responda directamente a él, eliminando la cadena de mando normal.
Por otro lado, el periodista Cesar Silva, de TV Globo, quien cubria el debate sobre la Policía Militar, fue amenazado por el Teniente Coronel Víctor Ávila, jefe de seguridad del Presidente del Congreso.
“Seguí difundiendo videos de militares ‘come perros’ y vas a quedar amordazado en una cuneta, con las patas amarillas”, dijo Ávila a Silva.
Hay que recordar que el periodista había hecho público un video del entrenamiento de la Policía Militar. En éste se muestra a un soldado que fue forzado a comer un perro, incluso sus sesos y lengua, y que, cuando quiere vomitar, alguien lo golpea para que siga comiendo.
Las amenazas hacia Silva quieren impedir que la población conozca lo que hace la Policía Militar en Honduras y silenciar a los periodistas que siguen siendo asesinados en Honduras y sus asesinos casi nunca son enjuiciados. Los movimientos sociales y de oposición política también son el enfoque de represión y amenazas.
Según un estudio de Global Witness, hay más defensores de medio ambiente y tierra asesinados en un país pequeño como Honduras que en cualquier otro país del mundo, con la sola excepción de Brasil. Muchos quienes son asesinados defienden a sus comunidades y los recursos naturales del saqueo que hace la oligarquía y las grandes corporaciones.
Juan Francisco Martínez, involucrado en la lucha indígena en contra de la imposición de un proyecto hidroeléctrico fue encontrado asesinado con sus manos atadas con cordones de botas militares. Berta Cáceres, Coordinadora General de la organización indígena Lenca COPINH, ha sido sujeto de una intensa persecución por su liderazgo en contra de varios proyectos que amenazan al pueblo Lenca.
La oficina de la Vía Campesina fue atacada por balas. La primera bala fue directamente a las cámaras de seguridad para esconder a los responsables de este atentado. Más de 5000 campesinos en Honduras han sido criminalizados, son también los desalojos violentos de las comunidades y los asesinatos ocurren con total impunidad.
El 29 de enero de 2015, un joven líder de uno de los movimientos en el Aguan, Christian Martínez, fue secuestrado. Después de tres días y una intensa búsqueda, fue encontrado abandonado en un campo, con las manos amarradas. Martínez relató que fue detenido por un guardia de seguridad y por un militar quienes lo interrogaron sobre el liderazgo en el movimiento campesino al cual él pertenece. “El militar me dijo: Cualquier grupo, sea de Panamá o no sea de Panamá, que entre a la finca, lo vamos a ir desapareciendo uno por uno”, señaló.
Brigitte Gynther