(English below)
Por Amy Goodman y Denis Moynihan
Haití y Honduras han acaparado los titulares mundiales en las últimas semanas. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández acaba de ser condenado en un tribunal estadounidense por tráfico de drogas y podría enfrentar una pena de cadena perpetua. Por su parte, Haití es actualmente un país sin Gobierno: grupos armados se han unido contra el actual primer ministro de facto del país, quien se convirtió en mandatario en 2021 luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse y cuenta desde entonces con el respaldo de Estados Unidos. Lo que los principales canales de noticias no dicen es el papel que la intervención estadounidense ha desempeñado en llevar a ambos países a este punto.
La profesora Jemima Pierre, académica haitiano-estadounidense de la Universidad de Columbia Británica, dijo a Democracy Now!: “La crisis en Haití es una crisis del imperialismo”. En un artículo que escribió en la revista Nacla Report on the Americas, titulado “Haití como laboratorio del imperio”, Pierre describe a su país natal como “el lugar donde se ha llevado a cabo el experimento neocolonial más largo y brutal del mundo moderno”.
La República de Haití, fundada en 1804 tras un levantamiento de personas esclavizadas, fue la primera “república negra” del mundo. Luego de que el pueblo haitiano esclavizado lograra su libertad, Francia exigió que Haití le pagara reparaciones por la pérdida de la mano de obra esclava. Durante más de un siglo, los pagos de deuda que Haití tuvo que realizarle a Francia, y posteriormente a Estados Unidos, afectaron significativamente su economía. Estados Unidos se negó a reconocer la independencia de Haití durante décadas –recién lo hizo en 1862–, debido al temor de que el levantamiento de la población haitiana esclavizada pudiera inspirar movimientos similares en su propio territorio.
En 1915, Estados Unidos invadió Haití y ocupó el país hasta 1934. Estados Unidos también respaldó las brutales dictaduras con las que los Duvalier gobernaron Haití desde 1957 a 1986. En 1991, Jean-Bertrand Aristide se convirtió en el primer presidente de Haití elegido democráticamente, pero ocho meses después fue destituido tras un violento golpe de Estado. El presidente de Estados Unidos de ese entonces, George H.W. Bush, respaldó el golpe, al igual que más tarde lo hizo el presidente Bill Clinton. La presión de la opinión pública obligó a Clinton a permitir el regreso de Aristide al poder en 1994, para terminar su mandato presidencial en 1996. Aristide fue reelegido por la ciudadanía haitiana en 2001.
En su conversación con Democracy Now!, la profesora Jemima Pierre agregó: “En 2004, […] Estados Unidos, Francia y Canadá se unieron y respaldaron un golpe de Estado contra el primer presidente democráticamente elegido del país, Jean-Bertrand Aristide. Infantes de Marina estadounidenses […] lo subieron a un avión, junto con los funcionarios encargados de su seguridad, su esposa y un asistente, y lo llevaron a la República Centroafricana”.
Democracy Now! viajó a la República Centroafricana en 2004, junto a una delegación encabezada por el fundador de la organización TransAfrica, Randall Robinson, y la congresista estadounidense Maxine Waters, quienes desafiaron la política estadounidense y escoltaron a los Arístides de regreso al hemisferio occidental. Aristide confirmó en ese viaje a Democracy Now! que había sido depuesto mediante un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Durante los siete años siguientes, el expresidente haitiano vivió en Sudáfrica en calidad de exiliado.
Respecto a las afirmaciones que sugieren que las bandas criminales controlan actualmente Haití, la profesora Pierre expresó: “La llamada ‘violencia de las pandillas’ no es realmente el principal problema en Haití. El principal problema de Haití radica en la constante interferencia de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional es, aquí, de manera explícita, Estados Unidos, Francia y Canadá”.
Según se informa, el Gobierno de Biden está contemplando la posibilidad de trasladar a solicitantes de asilo haitianos a la tristemente célebre base naval estadounidense ubicada en el territorio cubano de la bahía de Guantánamo. Si este plan se concreta, estaríamos presenciando una repetición de algunas de las políticas más lamentables de Estados Unidos en su larga historia de explotación del pueblo haitiano.
Honduras, mientras tanto, tiene actualmente una presidenta elegida democráticamente: Xiomara Castro. El esposo de Castro, Manuel “Mel” Zelaya, fue elegido presidente del país en 2006 y depuesto por un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 2009. En los años siguientes, Honduras se convirtió en un narco-Estado, lo que obligó a cientos de miles de personas a huir de la violencia y buscar refugio en Estados Unidos y otros países del mundo.
En 2013, Juan Orlando Hernández fue elegido presidente en medio de denuncias que lo acusaban de infringir las normas relativas al financiamiento de las campañas electorales. Posteriormente, en 2017, fue nuevamente elegido presidente, en unas elecciones ampliamente consideradas como fraudulentas. Poco después, su hermano Juan Antonio Hernández fue arrestado en la ciudad de Miami por tráfico de drogas. Tras la elección de Xiomara Castro como presidenta, el propio Juan Orlando Hernández fue arrestado y extraditado a Estados Unidos por tráfico de cocaína. El 8 de marzo pasado, el expresidente hondureño fue declarado culpable en un tribunal federal de Estados Unidos y actualmente aguarda su sentencia.
La profesora de historia Dana Frank, que estaba en la sala del tribunal, dijo a Democracy Now!: “Las pruebas eran escalofriantes. […] Era una letanía de asesinatos de fiscales y periodistas, de hechos de corrupción de la policía, los militares, los políticos, el presidente, el hermano del presidente, lo que sea que se les ocurra… Fue como si se corriera el telón y se pudiera ver el funcionamiento cotidiano de este tremendo mecanismo violento y corrupto que fue el Gobierno de Juan Orlando Hernández […]. Esto fue lo que sucedió después del golpe de [Estado] de 2009, que abrió la puerta a la destrucción del Estado de derecho en Honduras”.
La intervención estadounidense en Haití, Honduras y otros países es una de las principales razones que lleva a las personas a buscar asilo en Estados Unidos, en su intento de escapar de la violencia, la pobreza y la persecución que enfrentan en sus países de origen. Los medios de prensa de Estados Unidos casi nunca hacen alusión a ese aspecto del conflicto. Para entender y, en última instancia, resolver la “crisis migratoria”, la población estadounidense debe comprender lo que su Gobierno ha hecho durante mucho tiempo en su nombre y con el dinero de sus impuestos: armar y sostener regímenes brutales en el extranjero.
Haiti, Honduras, and US Hegemony
By Amy Goodman & Denis Moynihan
Haiti and Honduras have made headlines in the last few weeks. Honduras’ former president, Juan Orlando Hernández, was just convicted in a US court of drug trafficking. He faces life in prison. Haiti is a nation without a government, as armed groups have united against the US-backed, unelected Prime Minister installed after the assassination of their president in 2021. In both cases, what is missing from mainstream news coverage is the role of US intervention that brought them to this point.
“The crisis in Haiti is a crisis of imperialism,” University of British Columbia Professor Jemima Pierre, a Haitian American scholar, explained on the Democracy Now! news hour. In her NACLA Report article headlined, Haiti as Empire’s Laboratory, she describes her home country as “the site of the longest and most brutal neocolonial experiment in the modern world.”
Haiti was the world’s first Black republic, founded in 1804 following a slave revolt. France demanded Haiti pay reparations, for the loss of slave labor when Haiti’s enslaved people freed themselves. For more than a century, Haiti’s debt payments to France, then later to the US, hobbled its economy. The United States refused to recognize Haiti for decades, until 1862, fearful that the example of a slave uprising would inspire the same in the US.
In 1915, the US invaded Haiti, occupying it until 1934. The U.S. also backed the brutal Duvalier dictatorships from 1957 to 1986. Jean-Bertand Aristide became Haiti’s first democratically-elected president in 1991, only to be ousted in a violent coup eight months later. The coup was supported by President George H.W. Bush and later by President Bill Clinton. Public pressure forced Clinton to allow Aristide’s return in 1994, to finish his presidential term in 1996. Aristide was reelected in 2001.
“In 2004…the U.S., France and Canada got together and backed a coup d’état against the country’s first democratically elected president, Jean-Bertrand Aristide,” Jemima Pierre continued. “The U.S. Marines…put him on a plane with his security officials, his wife and aide, and flew them to the Central African Republic.”
Democracy Now! traveled to C.A.R. in 2004 covering a delegation led by Transafrica founder Randall Robinson and U.S. Congressmember Maxine Waters who defied US policy and escorted the Aristides back to the Western Hemisphere. Aristide confirmed to Democracy Now! then that he had been ousted in a coup d’état backed by the United States. Aristide then went to live in exile in South Africa for the next seven years.
In response to allegations that gangs are currently controlling Haiti, Professor Pierre said, “The so-called gang violence is actually not the main problem in Haiti. The main problem in Haiti is the constant interference of the international community, and the international community here is, very explicitly, the U.S., France and Canada.”
The Biden administration is reportedly now considering the transfer of Haitian asylum seekers to the controversial U.S. Navy base at Guantanamo Bay, Cuba – a repeat of some of the worst U.S. policies in its long history of exploitation of Haitians.
Honduras, meanwhile, currently has a democratically-elected president, Xiomara Castro. Her husband, Manuel “Mel” Zelaya, was elected president in 2006, then ousted in a US-backed coup in 2009. In the following years, Honduras descended into a narco-state, forcing hundreds of thousands to flee violence, seeking asylum in the United States and elsewhere.
In 2013, Juan Orlando Hernández was elected president amidst allegations of campaign finance violations, then again in 2017 in an election widely considered fraudulent. Shortly thereafter, his brother Juan Antonio Hernández was arrested in Miami for drug trafficking. Then, following Xiomara Castro’s election, Juan Orlando Hernández himself was arrested and extradited to the US for cocaine trafficking. On March 8th, he was convicted in US federal court, and is currently awaiting sentencing.
“The evidence was chilling,” history professor Dana Frank, who was in the courtroom, said on Democracy Now! “This litany of assassinations of prosecutors, assassinations of journalists, corruption of the police, the military, politicians, the president, his brother, you name it. And it was like the curtain was drawn back, and you could see the day-to-day workings of this tremendous violent, corrupt mechanism that was the Juan Orlando Hernández administration…this was what happened after the 2009 coup that opened the door for the destruction of the rule of law in Honduras.”
US intervention in Haiti, Honduras and other countries is one of the principal drivers of people seeking asylum in the United States, as they flee violence, poverty and persecution at home. This point is almost never mentioned in the US press. To understand and ultimately solve the “immigration crisis,” Americans need to understand what their government has long done in their name, with their tax dollars–arming and propping up brutal regimes abroad.
