Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó la cárcel de El Reno en el estado de Oklahoma el 16 de este mes para comprobar las condiciones de vida de los 1.300 presos que allí se encuentran, ninguna autoridad pudo impedírselo.
La histórica visita de Obama fue la primera de un presidente en ejercicio de Estados Unidos a una penitenciaría federal.
“En demasiados lugares, chicos… y hombres negros, chicos… y hombres latinos experimentan el ser tratados de manera diferente por la ley”, declaró el mandatario.
Pero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha tenido la suerte de Obama. A varios de sus funcionarios, armados con la autoridad del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, se les impidió acceder a centros penitenciarios de Estados Unidos que están acusados de tener una cultura de violencia.
En 1998, el gobernador de Michigan, John Engler, prohibió la visita de la esrilanquesa Radhika Coomaraswamy, la relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra las Mujeres, que pretendía investigar casos de inconducta sexual contra las reclusas en tres cárceles de ese estado nordestino.
El fallecido senador Jesse Helms, expresidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, impidió que el senegalés Bacre Waly Ndiaye, el director de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York, observara las condiciones de vida en algunas de las prisiones de Estados Unidos en 1997.
La histórica visita de Obama este mes llevó a la ONU a buscar una vez más el permiso para acceder al sistema carcelario de Estados Unidos.
El relator especial de la ONU sobre la tortura, el argentino Juan E. Méndez, y el presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el sudcoreano Seong Phil Hong, solicitaron de forma conjunta a Washington que facilite sus pedidos de visita oficial a las cárceles de Estados Unidos para avanzar en la reforma de la justicia penal.
“Espero trabajar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el estudio especial encargado por el presidente sobre la necesidad de regular la reclusión en aislamiento, que afecta a 80.000 presos…, en la mayoría de los casos por períodos de meses y años”, declaró Méndez el martes 21.
“La práctica prolongada o indefinida de la reclusión en aislamiento inflige dolor y sufrimiento de índole psicológica, que está estrictamente prohibido por la Convención contra la Tortura“, explicó.
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