¿Genocidio Juvenil en Colombia?: 169 Vidas Arrebatadas. Lucha Incansable por Verdad y Justicia
Hace cuatro años, Colombia estalló en protestas masivas lideradas por jóvenes que exigían un futuro digno ante la crisis económica, la desigualdad y la represión del gobierno de Iván Duque. Lo que inició como un grito pacífico se convirtió en una masacre: 169 jóvenes asesinados por la Fuerza Pública y civiles armados, más de 960 casos de violencia estatal (detenciones arbitrarias, torturas y lesiones oculares). La pandemia solo profundizó la indignación, revelando un Estado que responde con balas, no con soluciones. Entrevista a Sara Vásquez Rodríguez de la organización el Tribunal Popular en Siloé.
“¡Verdad Ya! Víctimas del Estallido Social exigen Comisión para acabar con la impunidad”
A cuatro años del Estallido Social en Colombia, víctimas y familiares exigen la creación urgente de una Comisión de la Verdad. Denuncian impunidad, crímenes de Estado y el silencio oficial frente a más de 970 casos de represión brutal.
Las innumerables atrocidades ejercidas por la fuerza pública, o por civiles en coordinación con esta, corresponden a una intencionalidad clara contra la población inerme que nos manifestamos contra la injusticia, y dejaron ver la sevicia con la que se nos atacó como población civil. No solo se buscaba reprimir y silenciar nuestras justas demandas, sino acabar con la vida de jóvenes empobrecidos que resultan incómodos por su condición racial y de clase, y por exigir educación, trabajo, salud, vivienda, alimentación y vida digna.
Hoy sabemos, gracias a nuestro encuentro como víctimas en medio de la tragedia, que el terrorismo de Estado, reconocible por sus patrones de exterminio y encubrimiento, se manifestó en Colombia con más de 970 personas victimizadas y un subregistro alarmante en el marco de las acciones del gobierno de Iván Duque y sus funcionarios, entre quienes se destacan Diego Molano Aponte (exministro de Defensa) y Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (excomandante del Ejército). Ellos ordenaron de 2019 a 2021 sendos y horrendos crímenes que se tradujeron en asesinatos, intentos de asesinato, detenciones arbitrarias y tratos crueles en toda Colombia. Esta cifra es escandalosa en una sociedad que se proclama como democrática.
La impunidad desde los entes que administran justicia es prácticamente total para los crímenes cometidos en nuestra contra. Además de la impunidad jurídica, denunciamos la impunidad social que genera igual o más daño: la estigmatización continua hacia las víctimas, vistas aún como vándalos y no como lo que realmente fueron jóvenes reprimidos por atreverse a alzar la voz contra un sistema injusto.
Durante esta rueda de prensa, exigimos al gobierno del presidente Gustavo Petro cumplir con la promesa hecha el 10 de mayo de 2024 en Cali: crear una Comisión de la Verdad del Estallido Social. A un año de finalizar su mandato, no se ha dado un solo paso institucional para su conformación. Mientras tanto, las víctimas y las organizaciones han asumido solas la labor de investigación, memoria y denuncia.
Nuestra existencia cotidiana tiene fardos de un dolor inmenso e irreparable: dolor tras la ausencia definitiva de nuestros familiares asesinados; dolor crónico e incapacitante por nuestras heridas como sobrevivientes de la brutalidad de las fuerzas del Estado; dolor somático que se manifiesta en nuestros cuerpos, individuales y familiares, pues al atentar contra la vida se atenta contra el tejido que nos sostiene: en el sustento de los hijos, de los hermanos y de los padres; en nuestros sueños y en nuestra alma. La represión estatal destrozó nuestras vidas.
Sabemos que nada podrá devolvernos a nuestros seres queridos, quienes en unas semanas tendrán que exhumarse de los cementerios. Pero estamos seguras de que un primer paso, para poner nuestro dolor en otro lugar, es que tengamos la verdad sobre lo que ocurrió, quiénes fueron los responsables y pueblo colombiano sepa que esto fue una acción planeada, medida y ejecutada desde las más altas esferas del orden público. Colombia merece que la verdad prevalezca para que Nunca Más se repitan estos hechos atroces y degradantes.
Hoy estamos en Bogotá con el objetivo de exigirle al presidente y al Estado su compromiso con nosotros, las víctimas del Estallido Social: el de conformar una Comisión de la Verdad para que esclarezca los hechos represivos del Estado contra el Estallido Social 2019 2021 en Colombia, porque la justicia es la verdad en acción.
Firmantes:
MEVICO, Tribunal Popular en Siloé, Colectivo Justicia por Duban, Banco de Datos de Derechos
Humanos Portal Resistencia, Bloque de Víctimas de la Policía Nacional, Colectivo 9 de septiembre, Tribunal
Popular de Engativá, Rosa Negra, Plataforma Regional de Derechos Humanos Mateo Aldana, Asociación Nomadesc, Universidad Intercultural de los Pueblos, Ciudad en Movimiento, SINTRAUNICOL, SINALTRAINAL,
Juntanza Popular por la Transformación Social, Observatorio de Derechos Humanos del Centro del Valle,
Congreso de los Pueblos-Yumbo, Observatorio de Realidades Sociales-ArquiCali, Raíz Región, Temblores ONG, Fundación Heinrich Böll-Oficina Colombia, Red de Defensores por la Dignidad y el Territorio, Kavilando, REDIPAZ, Corporación Jurídica Libertad, Equipo Jurídico Pueblos, Colectivo Centro de pensamiento en derechos humanos, paz y economías propias CDHPAZ, Colectivo N23.
Contactos de jefes de prensa de la ruta de exigibilidad de la Comisión de la Verdad del Estallido:
Nombre: Juan José Mondragón
Correo: tribunalpopularsiloe@gmail.com
Teléfono: +57 315 3278663
Nombre: Erik Arellana
Correo: erik.arellana@hrev.org
Teléfono: +57 321 7150249
