Como defensores de derechos humanos, y ambientales, que desde nuestros conocimientos jurídicos, tecnicos ambientales y sociales apoyamos a lideres y defensores comunitarios que enfrentan día a día los innumerables retos que implica alzar la voz en un país como Colombia, ocupar el primer puesto a nivel global y por segundo año consecutivo como país mas peligroso para la defensa del ambiente y la tierra, es sin duda “un puñetazo en la cara”, tal como lo plantea el periodista y activista Bill Mckibben en la introducción del informe. Y es que la defensa de la vida es el eje central de nuestro trabajo. El desconocimiento de una visión alternativa que garantice una gobernanza ambiental y territorial construida desde las bases es sin duda la gran deuda que nuestras generaciones dejarán a quienes reciben un planeta agotado por la presencia de la especie humana. y sus impactos Y sus impactos.
El avance de proyectos extractivos y de infraestructura en territorios estratégicos como es el caso de la amazonia colombiana a la luz de 65 defensores ambientales asesinados en 2020, de los cuales un tercio son indígenas y afrodescendientes y casi la mitad son personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala, no solo refleja el impacto del avance de estas carteras de desarrollo en territorios en donde se apuesta por el fortalecimiento de economías locales y liderazgos comunitarios ligados con la protección del agua y de la vida, también refleja la total desconexión de la realidad por parte de quienes asumieron un compromiso en materia de sustentabilidad a nivel gubernamental.
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Y es aquí donde no podemos dejar de mencionar las dificultades que ha enfrentado la ratificación del Acuerdo de Escazú en Colombia. Este Acuerdo es el primer tratado a nivel de América Latina y el Caribe que reconoce la obligación de los estados de proteger la vida de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Considerando las dinámicas de violencia que se viven día a día en las regiones del país y la importancia de quienes asumen liderazgos para la protección comunitaria y ambiental del territorio nacional, resulta totalmente incomprensible entender las razones del por qué el Acuerdo de Escazú como herramienta para impulsar escenarios de protección y prevención realmente efectivos, fue sencillamente descartado hasta el día de hoy por parte de sectores políticos y económicos.
Que el Acuerdo de Escazú no haya sido presentado por parte del gobierno ante el Congreso de la Republica en el inicio de la nueva legislatura pese a la innumerables solicitudes por parte de la ciudadana, refleja la distancia entre la retórica oficial sobre el compromiso con el medio ambiente y la protección de quienes a través del respeto por la chagra, el río o el cuidado del bosque plantean un verdadero salvavidas reconocido en todos los foros internacionales, que pudiera ayudar en la salida del caos generado por nuestra propia especie.
