CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE CHILE
Agrupaciones de víctimas de violencia policial, organizaciones y movimientos sociales, parlamentarias y parlamentarios, presidencias de Comisiones de DDHH del parlamento, partidos y fuerzas políticas de oposición:
Exigimos detener la sistemática violación a los derechos humanos ejercida por agentes del Estado chileno contra la población en general y especialmente quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta y movilización social. Esta situación ha sido acreditada por diversos informes de organizaciones calificadas como ACNUDH, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch, dando cuenta de comportamientos sancionados en los tratados internacionales a los cuales el país está suscrito.
En las últimas semanas el país ha sido testigo de una escalada represiva por parte de los organismos encargados de mantener el orden público, Carabineros de Chile y la PDI. El resultado de este accionar represivo ha ocasionado que en menos de una semana tres personas pierdan la vida mediando la participación de Carabineros. Con anterioridad, en la zona de Temucuicui la PDI realizó un violento operativo en el que participaron más de 800 efectivos de dicha institución y en el cual la hija de Camilo Catrillanca, muerto a manos de Carabineros de Chile, sufrió agresiones físicas y psicológicas del todo inaceptables, tal cual lo ratificara la Corte Suprema.
Estos hechos recientes se suman a los más de 2500 presas y presos políticos de la revuelta, a las más de 400 víctimas de trauma ocular, a los casos de sobrevivientes de violencia policial, a los 51 asesinatos durante el periodo comprendido desde el 18 de octubre a la fecha. Acciones que evocan y nos hacen revivir los peores tiempos de la dictadura, sin que hasta la fecha el Gobierno, responsable político de estas instituciones, haya tomado las medidas necesarias de cara a terminar con una situación inaceptable en democracia.
Esta situación exige una profunda revisión de las doctrinas que guían el origen y actuar de las instituciones policiales y FFAA, siendo urgente adecuar el ejercicio de sus obligaciones de acuerdo con los estándares internacionales relativos a su rol en democracia. Resulta inaceptable que, frente a la amplia demanda ciudadana de una Nueva Policía Nacional, desmilitarizada y dependiente, cuestión que una ministra del actual gobierno ha tildado de refundación, tenga como respuesta del Alto Mando de dicha institución, a través de su Director General, un público desacuerdo y malestar, incurriendo por ende en acto de deliberación política que, por norma constitucional le está expresamente prohibido. Más inaceptable es que la máxima autoridad del país haya expresado su respaldo a dichas declaraciones descartando que durante su mandato se produzca la refundación solicitada por amplios sectores políticos y sociales, obviando que Carabineros de Chile es una de las instituciones peor evaluada por la ciudadanía.
Manifestamos, además nuestra profunda preocupación ante la situación de cientos de presos políticos de la revuelta popular que desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha permanecen en prisión preventiva producto de su participación en las manifestaciones producidas en el marco del estallido social. Contrasta violentamente la situación de ellos con la forma en que los tribunales de justicia han procesado el actuar de Carabineros de Chile en eventos en que han resultado muertos y heridos de distinta consideración decenas de manifestantes que demandan sus derechos humanos fundamentales.
En el marco del proceso social y político que hoy vive Chile, resulta un imperativo urgente poner término a la violencia institucional, resultante de la aplicación en los cuerpos de orden y seguridad del Estado, de la doctrina de seguridad nacional impuesta por la dictadura cívico militar. Por esto exigimos a los poderes de nuestro sistema democrático: Gobierno, Parlamento, Tribunales de Justicia y Ministerio Publico:
1. Detener la sistemática violación de los derechos humanos ejercida por agentes del estado contra la población, criminalizando el legítimo derecho a la movilización social.
2. Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia ejercida por agentes del Estado de Chile, así como garantías de no repetición.
3. Aprobar proyecto ley para poner término al procedimiento de Control de Identidad. Éste constituye un acto de discriminación que promueve abusos y brutalidad policiaca.
4. Urgencia y no veto al proyecto Ley de Indulto General.
5. Reformar AHORA la Ley Orgánica de Carabineros, terminando con su autonomía en los procedimientos y asegurando su subordinación efectiva al poder civil.
6. Rechazar el actuar del alto mando de Carabineros.
7. Iniciar de manera urgente la REFUNDACIÓN de las instituciones de orden y seguridad, basada en el respeto a los derechos humanos, el apego irrestricto a la democracia y al estado de derecho. Este proceso deberá contar con la participación de Instituciones especializadas en seguridad y derechos humanos, así como de representantes del mundo civil y de organizaciones sociales.
8. Medidas administrativas ejemplares y perentorias, así como juicios penales a miembros de las FFAA que violen los protocolos básicos en materias de disuasión, contención y detención.
9. Castigo y aclaración de las graves irregularidades vinculadas al manejo de fondos institucionales, lo que deberá ser informado de manera pública y transparente a la ciudadanía.
Hacemos un llamado a la ciudadanía y sus organizaciones a defender nuestra democracia, recuperando los valores de solidaridad, igualdad y justicia para todos y todas. Establecer garantías de justicia y respeto a los derechos humanos debe ser una de las prioridades al momento de redactar la nueva Constitución Política de Chile.
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