En Brasil, se ha avanzado un paso más en el proceso de desestabilización institucional que pretende perpetrar un sector del Poder Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa y las fuerzas políticas que han sido derrotadas en las últimas elecciones nacionales. Una desestabilización del orden democrático que tiene un objetivo principal: impedir que las fuerzas progresistas sigan gobernando el país y, especialmente, acabar definitivamente con el Partido de los Trabajadores y con su figura más emblemática, el ex presidente Lula.

Esto es lo que está en juego y es esto lo que explica una multiplicidad de acciones judiciales, denuncias de la prensa nunca demostradas, insultos, amenazas, ataques públicos y una persistente ofensiva parlamentaria por parte de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias del país.

Se trata de criminalizar y de responsabilizar al PT y a su presidente de honor de actos de corrupción, usando hechos que la justicia aún investiga como si fueran parte de un plan organizado desde el propio centro neurálgico del poder; esto es, los mandatos presidenciales de Lula y Dilma Rousseff. Encontrar una conexión entre ambos mandatarios y los hechos de corrupción analizados por la Justicia es la gran obsesión y, quizás, la única carta que hoy tiene la derecha brasileña para volver al poder, destruyendo los avances democráticos de la última década.

Lo que está en juego es el futuro de Brasil como nación democrática.

Obviamente, la oposición tiene todo el derecho de aspirar al poder. Pero después de 30 años de democracia, ya debería haber aprendido que la única forma de hacerlo es por el voto popular. Pero no lo aprendió. Después de su última derrota electoral pretende volver al poder por la vía de un golpe judicial o de un impeachment, cuya fundamentación jurídica y política no es otra que la necesidad de despojar al pueblo de su mandato soberano.

Nada se ha demostrado sobre la vinculación del ex presidente Lula o de la presidenta Dilma Rousseff con cualquier hecho ilícito. Pero decenas de calumnias se han formulado contra ellos.

Como quiera que sea, los poderes golpistas saben cómo actuar. Y actúan. Si no pueden encontrarse pruebas que confirmen las denuncias, pueden crearse hechos que, ante una opinión pública pasmada y desconcertada, hagan parecer culpables a quienes no lo son. El Estado de Derecho se desmonta cuando uno de los principios que lo sustentan se desintegra ante maniobras autoritarias del Poder Judicial y el sistemático abuso de poder de una Policía que ha demostrado ser más eficiente matando jóvenes pobres inocentes que controlando las principales redes del delito que operan en el país.

Hoy por la mañana, un amplio operativo policial irrumpió en la residencia del ex Presidente Lula y lo detuvo con un mandato de «condução coercitiva«.

Un mandato de conducción coercitiva es un medio que dispone la autoridad pública para hacer que se presente ante la Justicia alguien que no ha atendido la debida intimación y cuya declaración testimonial es de fundamental importancia para una causa penal. El riesgo de fuga o la peligrosidad del sujeto, así como su desatención a las intimaciones judiciales, obligan al uso de este mecanismo coercitivo.

¿Sería razonable aplicarlo a un ex presidente de la república que siempre se ha presentado a declarar cuando le fue solicitado?

Sí, si lo que se quiere es humillarlo, destituirlo de autoridad, postrarlo, desmoralizarlo ante la opinión pública brasileña y el mundo. Hoy, los diarios y noticiarios de todo el planeta mostrarán un Lula llevado por la Policía Federal en medio de un fuerte esquema de seguridad. Lo harán, como si fuera un delincuente. No fue preso ni es culpable de nada en términos jurídicos, es verdad. Pero eso, ¿a quién le importa? Parece «preso» y «culpable». Con eso basta, al menos, por ahora.

No debe sorprender que el hecho ocurra menos de una semana después que, en el festejo de los 36 años del Partido de los Trabajadores, el ex presidente Lula manifestó que si fuera necesario e imprescindible, será él quién asuma el desafío de presentarse como candidato de las fuerzas progresistas a la futura elección presidencial. Allí, miles de militantes le brindaron su apoyo y solidaridad ante los ataques recibidos.

La respuesta de la justicia golpista no demoró en llegar 

Hace 25 años elegí Brasil como el país en que quería vivir y criar a mis hijos. Aquí pasé casi la mitad de mi vida. Como intelectual, como militante y como brasileño por elección, me siento profundamente avergonzado e indignado. Aquí no está en juego ninguna causa por la justicia, la transparencia ni el necesario combate a la corrupción. Aquí está en juego un proyecto de país y, no tengo dudas también, un proyecto de región. El golpe judicial, policial y mediático que se lleva a cabo en Brasil no es ajeno a la situación que vive el continente y a los vientos que corren a favor de las fuerzas conservadoras y neoliberales en toda América Latina.

Intentan cambiar la historia, torciéndola a favor de sus intereses antidemocráticos. No lo lograrán.

Expreso aquí mi plena y fraterna solidaridad con el ex presidente Lula y su familia.

Lo hago convencido de mi deber como responsable de una de las mayores redes académicas del mundo. No escribo estas líneas en representación de las instituciones que componen el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ni, mucho menos, en nombre de las personas que allí se desempeñan. Sin embargo, estoy seguro que serán muchos los que sumarán su grito de indignación ante una ofensiva que no conseguirá disminuir nuestra energía militante ni nuestro compromiso inquebrantable con las luchas por la transformación democrática de América Latina.

Pablo Gentili – CLACSO / Secretario Ejecutivo

—

SAO PAULO, Brasil.—La guerra de la derecha y  las grandes corporaciones mediáticas brasileñas contra el Gobierno del Partido de los Tra­ba­jadores se ha cobrado una nueva víc­tima: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El exsindicalista de 70 años fue llevado el viernes por la Policía Fe­deral al ae­ropuerto de Con­gon­has, en la ciudad de Sao Paulo, cumpliendo una orden de conducción coercitiva para interrogarlo, bajo la acusación de haber recibido supuestos “pagos disimulados” de la red de corrupción que actualmente se in­vestiga en la empresa estatal Pe­tro­bras, informó la Fiscalía brasileña.

La campaña de desprestigio to­mó fuerza con la divulgación el jueves de un reportaje en la revista IstoÉ en el cual el senador Delcidio Ama­ral acusaba a la actual mandataria Dilma Rous­seff y a Lula de interferir en las decisiones judiciales que condenaron a importantes empresarios en la operación anticorrupción Lava Jato.

Aunque el propio Amaral afirmó horas después desconocer el origen y la autenticidad de los documentos a los que aludía la publicación, el hecho dio la luz verde para que la Fiscalía emitiera una detención contra el exmandatario (2003-2010).

Al menos 200 policías y 30 auditores de Hacienda, cumpliendo ór­de­nes judiciales en los Estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Bahía, formaron parte de la operación que irrumpió en el domicilio de Lula, en São Bernardo (a unos 20 kilómetros de São Paulo).

Un representante de la Policía Fe­deral indicó que Lula respondió “tran­quilo” a las preguntas que le realizaron, acompañado de su abogado y de sus propios custodios.

El hijo de Lula, Fábio Luiz da Sil­va, conocido como Lulinha, también recibió la visita de agentes de la Po­li­cía Federal en su apartamento en el barrio de Moema, zona sur de São Paulo.

El interrogatorio policial duró casi cuatro horas y luego el mismo Lula quedó en libertad y se dirigió a la sede del PT.

Allí calificó como “muy grave” la actitud de la policía y los fiscales, se­ña­lando que si el juez de la causa, Sérgio Moro, quería oírlo, bastaba con llamarlo.

“Siempre fui a prestar declaraciones, porque no debo ni temo”, dijo Lula a sus partidarios. “Encendieron en mí la llama y la lucha continúa”, afirmó mientras lamentó que se viva “un proceso en que la pirotecnia vale más que cualquier cosa: vale más un show mediático que la averiguación seria y responsable”.

Agregó que este viernes se “sintió prisionero”.

La policía realizó además operativos en un domicilio del exmandatario y en la sede del Instituto Lula en São Paulo, autorizados por el juez Moro.

Por su parte, la presidenta Dilma Rousseff manifestó su inconformidad con el hecho de que un exmandatario haya sido sometido a una conducción coercitiva para declarar en la Policía Federal, la cual consideró como no necesaria.

“Rechazamos, en nombre el Es­ta­do Democrático de Derecho, el uso abusivo de las filtraciones como arma política. Esos expedientes no contribuyen a la estabilidad del país”, de­nunció Rousseff.

El Instituto Lula comunicó a su vez que “la violencia practicada” contra el expresidente y allegados a él supone “una agresión al Estado de Derecho que alcanza a toda la sociedad brasileña”.

El en el texto, la institución calificó el hecho como “arbitrario, ilegal, e injustificable”, según PL.

La historia no se repite, pero salta a los ojos la semejanza entre el odio que se construyó contra (los exmandatarios Getulio) Vargas y (Jus­ce­lino) Kubistchek y el que la prensa casi al unísono destila, alimenta y propaga contra Lula, señaló en un artículo reciente el el exministro de Ciencia y Tecnología Roberto Ama­ral.

Amaral señaló  que Lula es execrado públicamente para que su pres­tigio decline y se aparte de las elecciones del 2018, como candidato o como elector influyente.

Miles de seguidores del popular exmandatario salieron a las calles a protestar contra lo que consideran una jugada política para debilitar la imagen de Lula para que no se presente como candidato a las elecciones del 2018.

La Operación Lava Jato es la que investiga algunas operaciones de la empresa Petrobras. Salió a la luz en marzo del 2014 con la detención de 24 personas en varios estados de Brasil, pero comenzó en julio del 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. (SE)

Autor: GRANMA – Cuba Redacción Internacional | internacionales@granma.cu