Por Ricardo Gebrim

Con pocas reacciones, fue aprobado el “Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas” (AST), que vuelve posible la utilización de la Base de Alcántara en Maranhão por los Estados Unidos.

El episodio es revelador de la eficacia del Gobierno de Bolsonaro en guiar diariamente maniobras que permiten que las cuestiones estratégicas pasen fuera de la escena política.

Debido a su ubicación geográfica, en las cercanías de la Línea del Ecuador, la Base de Alcántara garantiza que cohetes logren poner satélites en órbita más rápidamente, con ahorros de combustible y dinero. Una ventaja decisiva en las últimas décadas que se ha relativizado por los avances tecnológicos en las investigaciones espaciales.

Es importante recordar que, al final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, también se firmó un acuerdo con los Estados Unidos, profundamente lesivo a nuestros intereses nacionales. Lejos de garantizar cualquier transferencia de tecnología, Estados Unidos establecían varias prohibiciones a Brasil, tales como: lanzar sus propios cohetes desde la base, establecer cooperación tecnológica espacial con otras naciones, tener acceso a la tecnología que se utilizaría en Alcántara y direccionar al desarrollo de satélites nacionales el dinero obtenido como pago por el uso de la base. Otra cláusula garantizaba que sólo los técnicos y militares estadounidenses tendrían acceso a las instalaciones. Y lo más peligroso, las cláusulas permitían la presencia de un contingente militar en nuestro territorio.

La noticia causó una profunda indignación popular. Las organizaciones responsables por el «Plebiscito Popular sobre el ALCA», en 2002, incluyeron en esta consulta una pregunta sobre el acuerdo de la Base de Alcántara. Más de 10 millones de brasileños participaron en el mayor plebiscito popular que hemos realizado en nuestro país. Y, en el resultado más expresivo, el 98,59% estaba en contra del acuerdo.


El gobierno de Lula, a través del entonces Ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Amaral, valientemente rompió el Acuerdo con los EEUU, dejando de presentarlo al Congreso Nacional, definiéndolo como un tratado lesapatria. Tomaron la opción de firmar un nuevo acuerdo con Ucrania, que hacía posible la transferencia de tecnología y no imponía ninguna de las restricciones estadounidenses, especialmente la presencia de militares. El objetivo fijado previa el lanzamiento de los cohetes Ciclone-4 desde el Centro de Alcántara, con la creación de una empresa binacional.

Con el «golpe de nuevo tipo» en Ucrania, en 2014, instalando un gobierno aliado de los Estados Unidos, el acuerdo firmado con Brasil fue siendo vaciado, haciendo inviable el proceso que nos permitía lanzar, con tecnología propia un Satélite Espacial Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas (SGDC). Nuestra principal iniciativa de defensa nacional.

El acuerdo actual aprobado por el Congreso Nacional presenta cambios importantes en extractos polémicos del acuerdo anterior. Fue eliminado, por ejemplo, el punto que impedía la aplicación de los royalties pagados por los EEUU en el propio programa espacial brasileño, pero continua vetado el permiso para utilizar estos recursos en el desarrollo de misiles.

A la época de la tramitación del texto anterior en el Congreso, la limitación del acceso de brasileños a las instalaciones provocó críticas sobre la creación de una extraterritorialidad que hería la soberanía nacional. Sin embargo, por la versión actual, queda especificado que Alcántara es una base brasileña de la Aeronáutica. Aún así, habrá etapas en que solamente los técnicos de los EEUU tendrán acceso.

Las reglas de AST especifican que habrá áreas restringidas y controladas. En las primeras, el acceso será monitoreado por los EE.UU. En las zonas controladas, la presencia será definida conjuntamente por los dos gobiernos y supervisada por Brasil.

Además, el texto prohíbe al país hacer acuerdos de lanzamientos con naciones que no sean signatarias del Régimen de Control de la Tecnología de Misiles (MTCR, sigla en inglés), como China, por ejemplo.

El acuerdo demanda la utilización de un espacio soberano brasileño a cambio sólo de recursos financieros. Ni siquiera el argumento de que traería beneficios con la adquisición de conocimientos de dimensión estratégica y tecnológica puede ser utilizado.

Sin embargo, el problema central es el precedente de posibilitar la presencia, aunque en este momento con finalidades especificadas, de la potencia estadounidense en nuestro territorio.

No es un problema menor. Estados Unidos tienen más de 700 bases militares terrestres fuera de su territorio nacional en los más diversos países, en muchas de las cuales han instalado armas nucleares y sistemas de escucha de la National Security Agency (NSA). En varios casos, el pretexto para entreabrir la puerta fueron acuerdos de asociación tecnológica.

El Embajador Samuel Pinheiro Guimarães demuestra que los Estados Unidos no necesitan que se construyan instalaciones en Alcántara para el lanzamiento de sus cohetes, pues ya tienen varias bases de lanzamiento en su territorio, entre ellas la base de Cabo Cañaveral, perfectamente abastecidas, con los equipos más sofisticados del mundo, que seguirán siendo utilizadas con prioridad, incluso para las investigaciones espaciales.

Su conclusión es clara: el objetivo americano no es impedir que Brasil tenga una base competitiva de lanzamiento de cohetes; esto el Gobierno brasileño ya impide que ocurra por la contención de gastos con el programa espacial brasileño. Está claro que el objetivo principal de los EEUU es obtener una base militar en territorio brasileño en la que, gradualmente, ejerzan su soberanía, fuera del alcance de las leyes y de la vigilancia de las autoridades brasileñas, incluso militares, y donde puedan desarrollar todo tipo de actividad cuya esencia es militar.

Basta tener en cuenta que la ubicación de Alcántara, en el Noreste brasileño, frente a África Occidental, es ideal para los EE.UU. desde el ángulo de sus operaciones político-militares en América del Sur y en África y de su estrategia global, en confrontación con Rusia y China.

Estudios de la profesora mexicana Ana Esther Ceceña, experta en geopolítica, al analizar la estrategia de Estado de los EEUU, señala que una de las acciones atractivas más importantes por su capacidad de influir en las formas de control de los sujetos críticos consiste en instalar bases militares en puntos seleccionados del continente con dos propósitos explícitos y obvios: garantizar el acceso a los recursos naturales estratégicos y contener, impedir y/o eliminar cualquier posible resistencia a las políticas hegemónicas.

No hay duda sobre el riesgo a nuestra soberanía representado por el acuerdo con los EEUU en la base de Alcántara. Revertir una cuestión de tal dimensión exigirá una correlación de fuerzas extremadamente favorable conjugada con circunstancias internacionales que abran tal posibilidad. Desafíos difíciles, pero no insuperables si trabajamos, efectivamente, sobre el terreno de la teoría e incorporados en la estrategia de las fuerzas que se mantienen en el horizonte de la transformación.

Nuestro sentido histórico de construcción de una nación, enfrenta a un ataque sin precedentes. Retomar nuestra existencia como Nación soberana y sociedad organizada requerirá cada vez más luchadores capaces de comprender la dura realidad a la que nos enfrentamos, sin desalentar ni aferrarse a falsas ilusiones, preparándonos para una lucha prolongada en la que debemos aprender a preservar y construir las fuerzas necesarias.

*Este artículo ha sido publicado en la Revista El Derecho de Vivir en Paz N°14.

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