Por Azadeh N. Shahshahani, Inthesetimes.com*

La retirada de Estados Unidos de Afganistán, tras 20 años de brutal ocupación, debe ser sólo el principio. Estados Unidos también debe poner fin a la desastrosa «Guerra contra el Terror», incluidas las campañas de bombardeo dirigidas a Somalia y Yemen. Y también debe poner fin a las brutales sanciones contra Cuba, Venezuela, Irán y otros países del Sur Global.

Pero no basta con detener el daño: Estados Unidos también debe reparar el daño. Esto significa pagar reparaciones a los pueblos de Irak, Afganistán y otros países que ha invadido y explotado, y proporcionar refugio a todos los ciudadanos de esos países que huyen a causa de la destrucción y la desestabilización provocadas por Estados Unidos.

Lo que está en juego no podría ser mayor. El coste total de la actividad bélica de Estados Unidos durante los últimos 20 años es tremendo. The Costs of War, un proyecto del Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown, estimó recientemente que las guerras estadounidenses posteriores al 11-S han matado entre 897.000 y 929.000 personas en Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Yemen y otros países desde 2001. La cifra real puede ser incluso mayor: Un estudio realizado por Opinión Research Group estima que más de un millón de iraquíes han muerto como consecuencia de la guerra de Irak desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2003.

Bombardeos

En 2007, el expresidente George W. Bush inició la campaña de ataques aéreos en Somalia, y desde entonces se han producido al menos 254 acciones declaradas por Estados Unidos en el país. Airwars, que asumió el trabajo de registrar los ataques aéreos de la Oficina de Periodismo de Investigación en 2019, estima que entre 70 y 143 muertes de civiles en Somalia son el resultado de 31 acciones separadas de Estados Unidos entre 2007 y 2021, de las cuales entre 18 y 21 son niños. Las fuerzas estadounidenses sólo reconocen cinco de esas bajas civiles, el resto no se reconocen o se afirman «sin fundamento».

La actual administración ha continuado esta campaña letal. El 20 de julio, el ejército estadounidense llevó a cabo su primer ataque aéreo en Somalia bajo el mandato de Biden, seguido de otro ataque aéreo sólo tres días después, una señal de que la guerra no declarada seguirá cobrándose vidas.

Las operaciones «antiterroristas» de Estados Unidos comenzaron oficialmente en Yemen en 2009 (aunque hubo otros bombardeos antes de eso), con el ejército estadounidense y la CIA lanzando ataques aéreos en el país. Desde entonces, el país ha visto posiblemente más de 100 muertes de civiles sólo por los ataques aéreos de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses sólo admiten 13 muertes de civiles, según Airwars.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas civiles en Yemen son el resultado de los bombardeos de la coalición saudí, que comenzaron en 2015 y que cuentan con el respaldo y el apoyo de la inteligencia estadounidense, así como con la venta de armamento. Tras 23.470 incursiones aéreas de la coalición, que consisten en múltiples ataques aéreos individuales, casi 10.000 personas resultaron heridas y casi 9.000 muertas como resultado directo de la campaña dirigida por Arabia Saudí.

En febrero de 2021, Biden anunció que Estados Unidos pondría fin a su apoyo ofensivo en Yemen, al tiempo que ayudaría a Arabia Saudí a «defender su soberanía» contra las «amenazas de las fuerzas suministradas por Irán». Sin embargo, el anuncio no vino acompañado de planes sólidos compartidos con el Congreso, y la administración de Biden no ha compartido detalles o planes para distinguir entre la ayuda ofensiva y la defensiva.

Los bombardeos en Somalia y Yemen son sólo la punta del iceberg. Basándose en datos oficiales del ejército estadounidense, Airwars concluyó que Estados Unidos ha llevado a cabo al menos 91.340 ataques aéreos desde el 11-S en la «Guerra contra el Terror» global. El número total de muertes de civiles atribuidas directamente a los ataques aéreos estadounidenses se estima en al menos 22.679, pero podría llegar a 48.308. Los datos se recogen de las operaciones de Estados Unidos en Afganistán desde 2006, en Irak de 2003 a 2013, en Irak y Siria de 2014 a 2021, en Libia desde 2012 y en una campaña de drones que fue secreta en Pakistán, Somalia y Yemen. Es probable que el daño civil global sea mayor debido a las consecuencias colaterales de los bombardeos estadounidenses y otras acciones militares en estas regiones.

Presupuesto abultado

A pesar de la retirada de las tropas de Afganistán, el presupuesto de guerra de Estados Unidos sigue creciendo. El grupo de vigilancia Public Citizen señala que el gobierno de Biden ha solicitado un aumento del 1,7% en el gasto militar global, lo que supone la friolera de 753.000 millones de dólares, un aumento que está más o menos a la par con la inflación. Mientras que algunos miembros del Congreso se resisten a los altos niveles de gasto militar, 14 demócratas de la Cámara de Representantes se pusieron recientemente del lado de los republicanos para aumentar la solicitud en casi 25.000 millones de dólares. La principal justificación para un mayor gasto es la postura cada vez más enfrentada hacia China.

Sara Kate Baudhuin, de Public Citizen, reconoció que el presupuesto solicitado para el Departamento de Defensa sería mayor que el de los Departamentos de Estado, Justicia, Salud y Servicios Humanos, Educación, Transporte y la Agencia de Protección Ambiental juntos. En cuanto a la financiación de la defensa, el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown informó de que el Pentágono ha gastado 14 billones de dólares de fondos públicos desde 2001 hasta 2021. Entre un tercio y la mitad de este total se destinó a cinco empresas de armamento: Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon y Northrup Grumman. Las inversiones en acciones de defensa valen ahora casi 10 veces más que cuando comenzó la guerra en Afganistán. Public Citizen llamó a esto por lo que es, diciendo que «El único «ganador» de la guerra de Afganistán fue el complejo industrial militar».

El presupuesto propuesto por Biden asignaba 15,2 millones de dólares para un «misil de crucero lanzado desde el mar», un arma nuclear que el propio Biden calificó de «mala idea» durante su campaña. Los planes son un remanente de la administración Trump y, aunque Biden podría haberlo cancelado, su administración ha optado por mantener el proyecto y añadirlo a lo que Kingston Reif, el director de política de desarme y reducción de amenazas de la Asociación de Control de Armas, describe como el «ya extenso y creciente arsenal nuclear del ejército estadounidense.»

El Centro para el Control de Armas y la No Proliferación califica el proyecto de «solución costosa para un problema inexistente». Fue eliminado por el Subcomité de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes.

El abultado presupuesto es una continuación del gasto militar total en la «Guerra contra el Terror». El Instituto de Estudios Políticos revisó los datos disponibles públicamente de la Oficina de Administración y Presupuesto, informando que Estados Unidos ha gastado 21 billones de dólares en militarización, vigilancia y represión extranjera y doméstica entre los años federales de 2002 a 2021.

Imperio global

Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene bases militares en todo el mundo.

Los mapas de la presencia militar estadounidense no están fácilmente disponibles y muchas bases se mantienen intencionadamente en secreto. También hay muchos espacios afiliados al ejército que albergan armamento estadounidense, pero que no se consideran «bases estadounidenses» oficiales.

David Vine, antropólogo de la American University, dijo que Estados Unidos podría tener «800 bases militares en más de 70 países y territorios en el extranjero».

En 2007, Estados Unidos creó el Mando de África (AFRICOM). Desde entonces, la presencia militar estadounidense en el continente aumentó de 2.600 efectivos a 7.000 en 2019. La presencia militar a través de bases oficiales y no oficiales se extiende por el continente de costa a costa.

The Intercept, citando registros oficiales del Pentágono, reveló que, a partir de 2019, había 29 bases verificables a través de 15 países o territorios diferentes dentro del «área de responsabilidad» de AFRICOM, que cubre todos los países a través del continente además de Egipto.

En 2017, se reveló que los comandos estadounidenses estaban participando activamente en acciones militares, a pesar de las afirmaciones del AFRICOM de que sólo estaban proporcionando «asesoramiento y asistencia.»

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (INDOPACOM), que tiene un «área de responsabilidad» que abarca la mayor parte de Asia Oriental y las naciones insulares del Pacífico, pidió al Congreso 27 mil millones de dólares en fondos adicionales entre 2022 y 2027. Los fondos están destinados a «impulsar la disuasión contra China», como dice Defense News, con nuevos misiles, defensas aéreas, radares, depósitos de suministros, campos de pruebas y más. Las comunidades del Océano Pacífico siguen sufriendo los restos de las pruebas nucleares militares estadounidenses, mientras Estados Unidos continúa su escalada contra China.

La red de bases en el extranjero no sólo crea una presencia perjudicial, sino que también hace más probable el conflicto y la guerra.

El académico David Vine, en su libro The United States of War (Los Estados Unidos de la Guerra), explica que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido «un poder militar sin parangón y una presencia militar global sin parangón». Las tropas están permanentemente desplegadas en todo el mundo en lugares estratégicos, listas para promover los intereses económicos, políticos y militares de Estados Unidos bajo la amenaza de la violencia.

Sanciones

Mientras tanto, Estados Unidos sigue participando en otras formas de guerra, como las sanciones dirigidas a Cuba, Venezuela, Irán y otros países del Sur Global.

Las sanciones estadounidenses contra Cuba comenzaron en la década de 1960. En 1992, con la Ley Torricelli, los presidentes estadounidenses obtuvieron la capacidad de sancionar a los países que ayudaban a Cuba y de prohibir a las filiales extranjeras de empresas estadounidenses comerciar con Cuba.

En junio de 2021, un total de 184 países votaron a favor de una resolución para exigir el fin del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba; sólo Estados Unidos e Israel votaron en contra.

La escasez de alimentos y medicinas es generalizada, lo que ha contribuido a los disturbios que han estallado en todo el país. La isla se ha enfrentado a su peor escasez de alimentos en 25 años. La empresa nacional de importación de alimentos de Cuba, que es vital ya que importa entre el 70% y el 80% de sus alimentos, informó de que había perdido 45 millones de dólares porque no podía realizar transacciones directas con los bancos estadounidenses.

Aunque Estados Unidos permite técnicamente la venta de alimentos a Cuba, el endurecimiento de las sanciones económicas dificulta la capacidad de Cuba para permitirse un suministro adecuado de alimentos.

Los funcionarios estadounidenses suelen decir que la ayuda humanitaria está exenta de las sanciones. Sin embargo, las exenciones humanitarias no son muy efectivas en la práctica. Aunque técnicamente se puede autorizar la exportación de medicamentos y suministros médicos a Cuba, muchas restricciones y barreras han dado lugar a una «prohibición de facto de la asistencia médica crítica y de otro tipo», una realidad que la Asociación Americana para la Salud Mundial señaló en 1997 y que persiste hasta hoy. Las condiciones que rigen el proceso de concesión de licencias, por su parte, dificultan enormemente la exportación.

En cuanto a Venezuela, el embargo petrolero impuesto bajo Trump y mantenido bajo Biden, ha sido muy perjudicial, ya que el país recibe el 90% de sus ingresos de la industria petrolera. Al igual que Cuba, Venezuela importa la mayor parte de sus alimentos, y la caída de la producción de petróleo ha provocado la devaluación de la moneda y la contracción de las importaciones de alimentos. La reducción de las importaciones de alimentos debida a las sanciones ha provocado el empeoramiento constante de la desnutrición en los últimos seis años, con 2,5 millones de venezolanos en situación de inseguridad alimentaria grave.

Estados Unidos también ha estado imponiendo sanciones económicas a Irán, en diferentes grados de extremo, desde 1979. En 2018, la administración Trump sacó a Estados Unidos unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), y volvió a imponer lo que denominó sanciones de «máxima presión» a Irán. La administración admitió tácitamente que las sanciones estaban destinadas a hacer sufrir a la población para inducir las protestas. Muchas de las sanciones de la era Trump siguen vigentes.

Si bien las sanciones de Estados Unidos técnicamente eximen a los medicamentos y equipos médicos, el temor a las sanciones secundarias ha dejado a muchos países que producen los medicamentos necesarios para Irán sin poder encontrar bancos que estén dispuestos a autorizar transacciones para los suministros que van a Irán.

Las sanciones más estrictas impuestas al sector financiero iraní han hecho casi imposible las transacciones de estos productos. Aunque Irán fabrica el 97% de sus necesidades de medicamentos, el 3% que tradicionalmente ha importado incluye tratamientos esenciales para enfermedades graves como el cáncer. El Covid-19 también ha asolado absolutamente el país, con más de 115.000 muertes desde febrero de 2020 hasta mediados de septiembre de 2021, y los médicos iraníes han advertido que las sanciones han empeorado mucho los resultados.

Natasha Hakimi Zapata, escribiendo para In These Times, critica a Estados Unidos por imponer sanciones a dos docenas de países «desde los Balcanes hasta Zimbabue» a partir de 2021. Las sanciones son un proyecto bipartidista del imperialismo estadounidense. La administración Biden ha mantenido las duras sanciones a Nicaragua, Venezuela, Sudán y Ucrania de la era Trump, sanciones adicionales a Cuba, Irán, China, Siria y Rusia, y nuevas sanciones a los Balcanes, Bielorrusia y Birmania.

Aunque la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán es el primer paso necesario para acabar con el legado de violencia de Estados Unidos, aún queda mucho por descubrir sobre el verdadero coste de la invasión y la ocupación de 20 años por parte de Estados Unidos.

Malalai Joya, activista por los derechos de las mujeres y los derechos humanos y ex parlamentaria afgana, declaró a Democracy Now! en julio: «Durante años he pedido la retirada de la ocupación extranjera de nuestro país… Ahora se ha demostrado también para nuestro pueblo que Estados Unidos y la OTAN no eran honestos para ellos… La sangre del pueblo afgano no tiene ningún valor para ellos».

Además de buscar refugio para los que huyen para salvar sus vidas y reparaciones para el pueblo de Afganistán, así como para el de Irak, es hora de poner fin a todas las guerras de Estados Unidos, cerrar todas las bases militares estadounidenses y acabar con la militarización y las sanciones de Estados Unidos que afectan a innumerables personas en el Sur Global.

Necesitamos un movimiento antibélico revigorizado, liderado y dirigido por la gente de color y por aquellos que se ven directamente perjudicados por las guerras y la militarización de Estados Unidos. Los pueblos del Sur Global no pueden permitirse más militarización y violencia estadounidense. De nosotros depende ponerle fin.

*El autor desea agradecer a los estudiantes de Derecho Erum Kidwai y Divya Babbula su apoyo a la investigación para este artículo.

Fuente en inglés:

https://inthesetimes.com/article/afghanistan-war-withdrawal-biden-somalia-yemen-war-on-terror