Actúa: Estados Unidos apunta a las reformas económicas claves de Honduras

(English below)

El 25 de octubre, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, pronunció un discurso en el que atacó las reformas económicas claves del gobierno hondureño que pretenden hacer frente a algunas de las políticas más corruptas y destructivas de la era posterior al golpe de Estado. Los comentarios de la embajadora Dogu se producen después de otras acciones que dejan claro que Estados Unidos está intentando frustrar incluso las reformas más básicas del gobierno de (Xiomara) Castro.

En particular, la embajadora estadounidense apuntó a las reformas del sector energético de Honduras, que han tratado de renegociar los precios inflados a los que Honduras compra la energía. Tras el golpe de Estado, muchos de los poderosos actores económicos del país recibieron concesiones de recursos naturales con lucrativos contratos para vender energía al gobierno. El Centro Jesuita de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) descubrió que el gobierno hondureño paga seis veces más por la compra de energía a empresas privadas que lo que le cuesta producirla él mismo. Antes de que fuera destituido por el régimen de Hernández, incluso la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos, respaldada por Estados Unidos, expresó su preocupación por la corrupción en los contratos que rigen los precios a los que el gobierno hondureño compra la energía.

La embajadora estadounidense también criticó la derogación por parte del Congreso hondureño de la ley de empleo por horas posterior al golpe. Esta ley contó con la oposición de los sindicatos y grupos de defensa de los derechos de los trabajadores, ya que creaba una clase de trabajadores temporales sin muchos de los derechos garantizados por el Código Laboral de Honduras. En particular, los trabajadores de la construcción de la nueva Embajada de Estados Unidos se declararon en huelga por sus condiciones de trabajo, criticando en particular su explotación bajo la ley de empleo por horas.

Además, la crítica de la embajadora llega tras una carta de los senadores estadounidenses Cardin (demócrata) y Hagerty (republicano) en la que critican las reformas del gobierno de Castro por considerarlas una amenaza para los intereses de las inversiones estadounidenses. Los senadores Cardin y Hagerty se pusieron del lado de una de las políticas más criticadas de la era post-golpe, la creación de Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDES), a menudo denominadas ciudades modelo o ciudades charter.

Las ZEDES no están sujetas a muchas de las leyes de Honduras, ya que establecen sus propios sistemas legales y fiscales para beneficiar a las empresas. Han sido ampliamente criticadas por los movimientos sociales y otros en Honduras como una clara violación de la soberanía del país. En particular, la Corte Suprema de Honduras declaró inicialmente que las ciudades autónomas eran inconstitucionales hasta que Juan Orlando Hernández -que ahora está encarcelado en Nueva York por cargos de narcotráfico- encabezó un golpe judicial para destituir a los jueces que votaron en ese sentido.

La derogación de la ZEDES fue una promesa electoral clave de la actual presidente hondureña Castro. A principios de este año, el Congreso de Honduras votó por unanimidad la derogación de la ley que establecía las ZEDES. El gobierno de Castro ofreció incorporar las empresas de las ZEDES existentes a otras estructuras empresariales especiales de Honduras, como las zonas francas. Esto permitiría que las empresas no perdieran sus inversiones y se beneficiaran de los incentivos empresariales al tiempo que se incorporaban al marco legal de Honduras.

A pesar de ello, los senadores estadounidenses Cardin y Hagerty promueven las ZEDES como una «plataforma singularmente atractiva para la llegada de inversiones estadounidenses» y amenazan con proponer «mejoras» a la Enmienda Hickenlooper, que restringe la ayuda estadounidense cuando un país expropia la propiedad de cualquier ciudadano o corporación estadounidense. La enmienda se aprobó en 1962 para restringir la ayuda estadounidense a Cuba. Lea más sobre cómo Estados Unidos está presionando a Honduras para que mantenga la ZEDES aquí (en ingles).

La carta Cardin-Hagerty deja claro que uno de los principales intereses de Estados Unidos en Honduras es que el país sirva como una gigantesca fábrica para producir bienes para las cadenas de suministro de Estados Unidos con las normas laborales y ambientales más débiles posibles, esencialmente una encarnación moderna de la república bananera. Conocido como «nearshoring», este concepto se promueve en Washington estos días para reducir la dependencia de Estados Unidos de la fabricación china. El apoyo de Estados Unidos a la ZEDES, donde no se aplicaría el código laboral hondureño, y las críticas de la embajadora de Estados Unidos a los intentos de la Administración Castro de mejorar los derechos laborales forman parte de los esfuerzos de Estados Unidos por garantizar el acceso de las empresas a una mano de obra explotable y con pocos derechos.

(Si vive en EEUU) Haga clic aquí para pedir a sus senadores y representantes que insten al Departamento de Estado a dejar de oponerse a las reformas en Honduras y a respetar el derecho del país a la autodeterminación.

Gracias,

SOA Watch

Take Action: U.S. takes aim at key economic reforms in Honduras

On October 25th, U.S. Ambassador to Honduras Laura Dogu gave a speech attacking key economic reforms of the Honduran government that aim to address some of the most corrupt and destructive policies of the post-coup era. Ambassador Dogu’s comments come on the heels of other actions that make clear the U.S. is attempting to thwart even the most basic of reforms of the Castro Administration.

In particular, the U.S. Ambassador took aim at Honduras’ energy sector reforms which have sought to re-negotiate the inflated prices at which Honduras purchases energy. Following the coup, many of the country’s powerful economic actors were awarded concessions for natural resources with lucrative contracts to sell energy to the government. The Jesuit Center for Reflection, Investigation, and Communication (ERIC) found the Honduran government pays six times as much to purchase energy from private companies as it costs the government to produce it itself. Before it was ousted by the Hernandez regime, even the U.S.-backed Organization of Americas States anti-corruption mission expressed concern about corruption in the contracts governing the prices at which the Honduran government purchases energy.

The U.S. Ambassador also criticized the Honduran Congress’ repeal of the post-coup hourly employment law. This law was opposed by unions and workers rights groups as it created a class of temporary workers without many of the rights guaranteed by Honduras’ Labor Code. Notably, the construction workers building the new U.S. Embassy went on strike over their working conditions, criticizing in particular their exploitation under the hourly employment law.

Furthermore, the Ambassador’s critique comes on the heels of a letter by U.S. Senators Cardin (D-MD) and Hagerty (R-TN) criticizing the Castro administration’s reforms as threatening to U.S. investment interests. Senators Cardin and Hagerty sided with one of the most criticized policies of the post-coup era, the creation of Economic Development and Employment Zones (ZEDES), often referred to as model or charter cities. ZEDES are not subject to many of Honduras’ laws as they establish their own legal and taxation systems to benefit corporations. They have been widely criticized by social movements and others in Honduras as a clear violation of the country’s sovereignty. Notably, Honduras’ Supreme Court initially declared charter cities to be unconstitutional until Juan Orlando Hernandez – who is now in jail in New York facing drug trafficking charges – led a judicial coup to remove the judges who voted that way.

Repealing the ZEDES was a key campaign promise of current Honduran President Castro. Earlier this year, Honduras’ Congress unanimously voted to repeal the law establishing ZEDES. The Castro administration offered to incorporate the businesses in existing ZEDES into Honduras’ other special corporate structures, such as free trade zones. This would enable the companies not to lose their investments and benefit from business incentives while being incorporated into Honduras’ legal framework.

Despite this, U.S. Senators Cardin and Hagerty promote ZEDES as a “uniquely attractive platform for incoming U.S. investment” and threaten to propose “enhancements” to the Hickenlooper Amendment, which restricts U.S. aid when a country expropriates the property of any U.S. citizen or corporation. The amendment was passed in 1962 to restrict U.S. aid to Cuba. Read more about how the U.S. is pressuring Honduras to keep ZEDES here.

The Cardin-Hagerty letter makes clear that a key U.S. interest in Honduras is having the country serve as a giant factory to produce goods for U.S. supply chains with the weakest possible labor and environmental standards – essentially a modern incarnation of the banana republic. Known as “nearshoring,” this concept is promoted in Washington these days to reduce U.S. reliance on Chinese manufacturing. U.S. support for ZEDES, where the Honduran labor code would not apply, and the U.S. Ambassador’s criticism of the Castro Administration’s attempts to improve labor rights are part of U.S. efforts to ensure corporations access to an exploitable workforce with few rights.

Click here to ask your Senators and Representative to urge the State Department to stop opposing reforms in Honduras and respect the country’s right to self-determination.

Thank you,

SOA Watch