Salieron a mediodía de la oficina del Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Él las conoce desde hace mucho tiempo, dice Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
“Gracias al trabajo del señor Sergio Muñoz hemos logrado avances en varias causas de DDHH. Sin embargo, para nosotros, hoy era muy importante juntarnos con él, en la conmemoración de los 24 años del Informe Rettig, ya que la defensa de los victimarios está utilizando artimañas para tratar de impedir que nuestra Agrupación se mantenga como parte querellante en las diversas causas que hemos presentado. Al mismo tiempo, denunciar que muchos de los victimarios se declaran dementes seniles, como lo hizo Augusto Pinochet, para que sean declarados inimputables judicialmente y esto nos parece gravísimo”.
En la reunión con Muñoz abordaron también lo que está ocurriendo con lo que denominan “fuga de violadores de derechos humanos”. Un tema que se visibilizó durante el mes de febrero cuando un ex detective de la PDI no se presentó a cumplir una condena judicial. Al respecto, Alicia Lira dijo que “el caso que nos alarmó es el de Daniel Cancino, ex prefecto de la PDI, quien tenía que presentarse hace un mes y hoy se encuentra prófugo. Esto nos parece grave y vamos a hablar con el Ministro de Justicia, porque a un inculpado no pueden citarlo, tienen que arrestarlo y entregárselo a Gendarmería”. El hecho parece más grave aún porque Cancino tiene dos hijos que son funcionarios de la PDI y todo parece indicar “que haya tenido apoyo para escaparse”.
La dirigente de AFEP agregó que “también sabemos que está fugado Ricardo Lawrence quien tiene que cumplir una pena de siete años. Este fue citado y no se presentó, lo que nos parece realmente un absurdo. A cualquier delincuente se lo llevan detenido inmediatamente, incluso en forma vejatoria. Sin embargo, a estos violadores de los DDHH se les cita para que se presenten a los juzgados y no los arrestan directamente”.
A estos dos casos, se suman, en Concepción, el de los dos suboficiales en retiro de la Armada, Bernardo Daza y Juan Maldonado, quienes se encuentran condenados. “A ellos también los citaron y hasta ahora no se han presentado, argumentando que el penal de Punta Peuco está sobrepoblado. Esa sería la razón por la cual no se van a entregar”, señala Lira.
En ese sentido -y se lo harán saber al ministro de Justicia, José Antonio Gómez- inquieta también a la AFEP los beneficios carcelarios que están recibiendo algunos de los condenados por delitos de lesa humanidad.
“Estamos hablando de degolladores, torturadores, asesinos, que disfrutan de estos beneficios, y esto no habla bien de un gobierno realmente democrático ni tampoco de una sociedad que está luchando para tener una democracia plena”.
“La impunidad -dice la dirigente- posibilita que se sigan cometiendo crímenes contra jóvenes, ya sean estos comuneros mapuche o el caso del menor Manuel Gutiérrez o el del trabajador Rodrigo Cisternas”.
A 24 años del informe Rettig, Alicia Lira dice que seguirán luchando por la justicia, por la verdad y porque se anule el decreto ley de amnistía. Seguirán adelante con la demanda de “cárceles comunes para los violadores de los DDHH” y “que cuando los lleven a reconstituciones de escena o al hospital militar, los lleven como corresponde, con esposas y chalecos amarillos, no como personas que van de paseo. Ellos son criminales y tienen que responder ante la sociedad por los crímenes que cometieron”, concluye Lira.
Félix Madariaga L.
