La Masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012, cuando policías quisieron desalojar a campesinos que ocupaban tierras en esa ciudad del este de Paraguay. Hubo un total de 17 muertos. Sigue la pregunta ¿Qué paso en Curaguaty? Sigue la impunidad.
Once campesinos y seis policías fallecieron en Curuguaty, departamento de Canindeyú, unos 250 kilómetros al noreste de Asunción, la capital de Paraguay, durante un operativo en el que centenares de agentes acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir su incorporación a la reforma agraria. En julio de 2016, el tribunal de Asunción a cargo del caso condenó a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a 11 campesinos acusados. La masacre trajo como consecuencia la destitución del presidente Fernando Lugo. El 27 de julio de 2018, la Justicia paraguaya anuló la condena a los 11 campesinos acusados de haber provocado la matanza.
Documentos:
Luis Lezcano Claude articulo en Accion – NulidadYa
El massacre de Curuguaty
Por IDL Reporteros
El día 22 de marzo de 2012, en una ceremonia en el Palacio Nacional, otro director del programa Umbral, el norteamericano Matthew Langhenry, recibió una medalla al mérito de la Policía Nacional paraguaya de manos de su comandante, Paulino Rojas, que durante un año y medio trabajó cerca de USAID en el programa Umbral. Rojas, entrenado por el FBI en un curso en Virginia en 1998, colocó con cuidado la medalla en el pecho de su colega norteamericano. “Donamos más de US$ 2 millones en equipamiento a la Policía, pero lo más importante es que juntos reformamos la currícula de la academia policial, juntos reformamos la escuela de suboficiales”, proclamó Langhenry, sudando de calor.
“Juntos escribimos el primer manual de uso de fuerza por la Policía Nacional en Paraguay”, concluyó con cargado acento.
Tres meses después, Paulino Rojas daría la orden de desalojo que llevó a la matanza de Curuguaty –y a la deposición de Lugo. Fue una desocupación polémica, por decir lo menos, pues el terreno ocupado por los sin tierra no tenía título válido de propiedad, lo que motivó que el Instituto de Tierras de Paraguay pidiera incluso la suspensión del desalojo.
Hasta dentro de la Policía nacional, muchos querían aplazar la acción por temor a un conflicto –incluyendo al jefe policial de la región, Arnaldo Sanabria, subalterno directo de Rojas, que insistió en que se postergara. “El jefe de Operaciones Especiales, comisario Erven Lovera, abatido, pedía a gritos a sus superiores que esa operación no se realizara”, contó a la prensa otro oficial, el comisario principal Carlos Núñez Agüero. Lovera fue el primer policía muerto en el conflicto. Era hermano del jefe de seguridad personal del entonces presidente Fernando Lugo. Ninguno de esos temores fueron informados al ministro del Interior de Lugo, Carlos Filizolla, por el comandante Paulino Rojas, según el propio ex-ministro.
El hecho es que en las primeras horas del 15 de junio 324 oficiales rodearon a 70 campesinos –el tamaño desproporcional de la fuerza tampoco fue informado al ministro del Interior. La operación policial estuvo marcada por la violencia y los abusos,según la investigación de la organización Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). Seis policías y once campesinos murieron. Decenas de trabajadores rurales fueron detenidos apenas por estar en el lugar y existen relatos de torturas, falsas ejecuciones y señales de alteración de la escena del crimen (el relato completo, aquí).
Entre los policías del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) que encabezaron la desocupación del terreno, por lo menos dos fueron entrenados por los Estados Unidos: en marzo de 2009, César Horacio Medina y Nelson Darío Zaracho Ocampos participaron en un entrenamiento del programa de Asistencia al Antiterrorismo del Departamento de Estado norteamericano en Asunción, según documentos filtrados por Wikileaks.
El programa Umbral
Umbral es el corazón de la estrategia norteamericana para Paraguay. Un estudio realizado por el instituto paraguayo Base-IS demostró que el volumen de recursos destinados a Umbral sólo es comparable con la primera década de la dictadura de Alfredo Stroessner –que duró 35 años y recibió el apoyo decisivo del gobierno de los Estados Unidos, así como las otras dictaduras de la región.
Financiado por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, en inglés) y lanzado en 2006, el programa es una suerte de “ayuda preliminar” a países pobres para mejorar sus índices de “transparencia”, “justicia” y “libertad económica” antes de acceder a la gran torta de la MCC: los programas Compactos, con sumas que van de los 100 millones a los 700 millones de dólares. Proyectos desarrollados con el Ministerio Público, la Controladuría General, la Corte Suprema, el Congreso, la Reserva Federal y el Ministerio de Finanzas, Industria y Comercio recibieron 34,6 millones de dólares hasta 2009.
Los resultados, sin embargo, fueron un fiasco, de acuerdo con una auditoría de la propia USAID, que elaboró un documento en el que mostraba que muchos objetivos no fueron alcanzados y que el gobierno de Nicanor Duarte Frutos no estaba muy interesado en perseguirlos. Un laboratorio forense financiado por los Estados Unidos permaneció sin uso durante dos años; un programa para aumentar la transparencia y el monitoreo de las actividades del Congreso fue abandonado “por falta de voluntad política”; la inversión en actividades aduaneras se restringió a la capital, Asunción, mientras el contrabando continuaba a todo vapor en la frontera; diez de los doce barcos donados para patrullaje fronterizo quedaron fuera de operaciones; un nuevo sistema de documentos de identidad y pasaportes, implementado y financiado por USAID, terminó generando polémica con la acusación de haber favorecido a una empresa norteamericana en el proceso de licitación.
Aún así, el gobierno de los Estados Unidos firmó un nuevo contrato de asistencia con Paraguay por valor de 34 millones de dólares en 2009, ya bajo el gobierno de Fernando Lugo. En la ceremonia de lanzamiento de Umbral 2, la entonces embajadora Liliana Ayalde no dudó en declarar a la prensa que todas las metas y objetivos de la primera fase se habían cumplido y que la segunda fase buscaba “afianzar la democracia y consolidar las instituciones del Estado paraguayo”.
En la división de recursos de Umbral 2, la Policía Nacional recibió la mayor cantidad US$ 9,4 millones, seguida por el Ministerio Público: 5,5 millones de dólares, amén de los 6,2 millones de dólares que había recibido en la primera fase del programa. La Corte Suprema recibió 5 millones de dólares en ambas fases.
Fue ese mismo Ministerio Público que, en la persona del fiscal Jalil Rachid, sin escuchar a ningún campesino, concluyó que estos eran responsables de la masacre y encarceló a catorce personas sin tierra y emitió orden de arresto contra otras 54 –algunas de las cuales ni siquiera estaban presentes durante la evacuación. La conclusión de Rachid fue respaldada por el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón. En septiembre (de 2012), Verón también se pronunció con una recomendación a la Corte Suprema para que negase el segundo pedido de inconstitucionalidad planteado por los abogados de Lugo a raíz del exiguo tiempo concedido a su defensa durante el juicio político. La Corte Suprema rechazó el recurso.
