Desde la firma del Plan Puebla-Panamá, en junio de 2001, los habitantes del occidente del istmo han conocido la verdadera cara del sistema energético y sobre todo lo negativo que este modelo de desarrollo deja en las comunidades donde se implementaron los proyectos hidroeléctricos. Desde entonces comunidades campesinas e indígenas han tenido que defenderse para no perder sus recursos naturales, su territorio y su cultura.
Una consecuencia de la implementación del Plan Puebla-Panamá es que la seguridad pública ha sido militarizada, respondiendo a los intereses ya predeterminados por los gobiernos neoliberales, y a la agenda de seguridad de los EEUU. La presencia permanente del Comando Sur, del Comando Colombiano, y la inteligencia israelita, demuestran que los efectivos de la seguridad pública en Panamá no son policías comunes; tienen una formación militar muy completa, respondiendo a las órdenes de los superiores en el Órgano Ejecutivo.
Las huelgas nacionales que se gestaron durante el período de gobierno de 2009 a 2014, fueron brutalmente reprimidas por estos militares y a pesar de la cantidad de denuncias, el sistema de impunidad demostró una vez más que la justicia está en manos de un sistema que inclina la balanza hacia los sectores del poder económico nacional e internacional.
Durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009 a 2014) se cometieron una serie de abusos represivos contra la sociedad civil organizada que luchaba por proteger los recursos naturales y los servicios públicos. Dichos abusos dejaron más de una decena de muertos y una cantidad numerosa de heridos, con pérdida parcial y total de visión, lesiones personales agravadas y heridas por perdigones, siendo estas documentadas por los medios de comunicación.
En julio de 2010, por ejemplo, se reprimió de forma violenta la protesta de trabajadores Ngäbe en la provincia de Changuinola, quienes estaban en contra de una nueva ley que debilita a los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Esta represión dejó como resultado cuatro personas fallecidas, decenas de heridos, y dos personas con pérdida total de la vista.
En febrero del 2011, se reprimió al pueblo Ngäbe que protestaba por la aprobación de una nueva ley que facilita la inversión extranjera en el sector minero. Sobre este mismo caso, el 5 de febrero de 2012, la policía nacional reprimió la protesta, dando como resultado los asesinatos de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez. Estos casos quedaron impunes a pesar de que el gobierno nacional en sus informes confirmaba la veracidad de los hechos.
Dichos sucesos fueron demandados ante la Corte Suprema de Justicia y posteriormente elevados a la CIDH. Aunque ninguno de los responsables oficiales ha sido condenado, los enfrentamientos terminaron con una mesa de diálogo conformada por miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesino.
A pesar de estos avances, Panamá como Estado de derecho ha fracasado. Las demandas presentadas por los asesinatos de las protestas de febrero del 2012 se cierran y se archivan.
Actualmente, se han aprobado un gran número de megaproyectos en el país donde no se ha respetado el derecho de consulta previa e informada de las comunidades que serán impactadas. Asimismo, las recientes reformas a las leyes ambientales, con tal de continuar con la política extractivista, nos demuestra que se sigue desplazando al campesino e indígena, generando conflictos sociales que llevan a la represión brutal por parte del gobierno.
Jonathan González Quiel
