Honduras: Solidarizar con quienes son perseguidos

De acuerdo, al último Informe Anual de Amnistía Internacional en Honduras, desde noviembre del 2017, en que hubo intentas movilizaciones contra el fraude electoral en que fraudulentamente se reeligió nuevamente Juan Orlando Hernández;  “Las fuerzas de seguridad emplearon contra quienes protestaban una fuerza excesiva, que incluyó el uso de armas letales. Al menos 31 personas resultaron muertas, y también se denunciaron múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o brutalmente golpeadas por las fuerzas de seguridad, así como casos que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

En este contexto, muchas personas han salido de Honduras por el clima de represión y criminalización que las autoridades hondureñas ejercen contra la población, represión que comenzó desde el golpe de estado de 2009 en Honduras, con la intención de frenar la protesta social. Más de 22 personas han sido encarceladas en los últimos meses con falsas acusaciones, entre ellos, el prisionero político, Edwin Espinal.

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 14.735 personas hondureñas habían solicitado asilo entre enero y octubre (2017) en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos”.

Compartimos el siguiente comunicado de COFADEH sobre el estudiante hondureño Eduardo Enrique Urbina Ayala solicitante de asilo en Costa Rica.

COMUNICADO: NI ARRESTADO NI DEPORTADO 

El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, confirma que el est udiante hondureño Eduardo Enrique Urbina Ayala está bajo los cuidados del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, ACNUR, en el Centro El Hatillo en San José, Costa Rica, en condición de demandante de asilo.

Como hemos informado insistentemente, el COFADEH acompañó la salida legal de Urbina Ayala el pasado 10 de diciembre de 2017, para ponerlo a salvo de una campaña de persecución penal, mediática y criminal conducida por la Policía Militar y la inteligencia paramilitar de la dictadura.

En la foto, Bertha Oliva, coordinadora de COFADEH, y Eduardo Urbina

 La visibilidad de su caso en las últimas horas ocurre porque el pasado 10 de marzo el estudiante salió hacia Nicaragua para cumplir con el plazo de tres meses de permanencia que le concedió Costa Rica. Pero, lamentablemente las autoridades de migración de Nicaragua en el puesto fronterizo de Peñas Blancas lo detuvieron ilegalmente y le sometieron a cautiverio durante 72 horas hasta la tarde del martes anterior.

Al momento de ser devuelto al territorio costarricense como era su petición, el estudiante perseguido político por la dictadura hondureña demandó asilo al gobierno costarricense.

 La familia y este Comité condenamos la insistencia de la dictadura en inculpar a Eduardo Enrique por la quema de una buseta militar en Comayagüela el 15 de diciembre y presentarlo este miércoles como sentenciado a la deportación por la interpol.

 Frente a esta intermitencia irresponsable del régimen a través de sus servicios masivos de desinformación, insistimos que el joven NO es responsable del hecho inculpado, NO será “repatriado” ni deportado, y SI está bajo la protección oficial en su condición de demandante de la Convención del 28 de julio de 1951, de la ONU.

 El Ministerio Público hondureño sabe que el estudiante es la víctima bajo persecución y que no existe orden de arresto internacional en su contra por un hecho que ocurrió posteriormente a su salida del país. Y lo sabe la ACNUR y ahora lo sabe el gobierno de Costa Rica, cuyo respeto al derecho internacional lo caracteriza como país seguro y serio.

Eduardo Enrique Urbina Ayala, de 22 años, es estudiante del tercer año de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, integrante del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) por cuya condición ha sido sistemáticamente criminalizado y perseguido por la policía represiva.  

El 01 de mayo de 2017 fue detenido en forma violenta por la policía en Tegucigalpa, perfilado y sometido a interrogatorios inculpatorios.

 El 25 de julio de 2017 se reinició una campaña mediática en su contra, en el mes siguiente fue perseguido por paramilitares armados y en diciembre 2017 fue acusado de coordinar un grupo terrorista en la capital. 

 Tras una evidente tendencia hacia la inducción de su ejecución sumaria, pidió apoyo para salir del país el 10 de diciembre.

Finalmente, informamos que desde el momento de su detención temporal en la aduana Peñas Blancas hemos estado coordinando acciones con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, y con otras organizaciones costarricenses defensoras de derechos humanos, que permanecen vigilantes y en estado de alerta ante las presiones de la dictadura hondureña.

Seguiremos informando.

Tegucigalpa, Honduras, 14 de marzo de 2018

 

De los hechos y de los hechores

Ni olvido ni perdón

 

C O F A D E H

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